Prostitución en Medellín

Por:  DEICY JOHANA PAREJA M
Foto: Aleksandr Mavrin

'Mi mamá vendió mi virginidad para acabar de pagar una deuda'
Una trabajadora sexual se atrevió a contar su dura historia. Hoy es modelo de cámara web.


A los 13 años, Karen* no entendía por qué su mamá no la dejaba salir sola, la encerraba con llave y no le permitía tener novio. Ni siquiera amigos. Es verdad que su barrio era peligroso, pero un tiempo después descubrió la verdadera razón detrás de tanto celo: su virginidad tenía precio.

Un día cualquiera, su madre la entregó a otra mujer, que le tomó fotos, le examinó la vagina y le advirtió hasta el cansancio que hiciera lo que le pidieran sin chistar. De lo contrario, no volvería a su casa.

“De repente me vi en una habitación con un viejo gordo y agresivo que me hablaba en inglés. No le entendía nada. Me desnudó y me violó”, recuerda sobre la forma como perdió su virginidad. A cambio le dieron un teléfono Nokia. Su madre hizo mercado por primera vez en mucho tiempo y saldó una vieja deuda.



“No conocí a mi papá y éramos pobres: pasábamos con un golpe (comida) al día. Entonces mi mamá se enredó con una gente mala, perdió mucha plata y se endeudó. Dos hombres la perseguían, la amenazaban y la cascaban cada vez que se vencía el plazo para pagar, pero ella no tenía cómo responder. Y esa rabia la descargaba en mí”, cuenta. Karen cree que si su mamá no hubiese pagado la deuda, una de las dos estaría muerta. Por eso no la odia.



Los combos las reservan

Pero la pobreza no es la única motivación detrás de ‘la feria de las virginidades’, como se conoce este fenómeno en el bajo mundo. En sus recorridos por las laderas de esta capital, un investigador del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (Sisc), de la Alcaldía, recogió testimonios de familias que aseguran que los llamados combos las obligan a cuidar la castidad de sus hijas desde los 11 años. “Grupos armados eligen niñas y les advierten a las mamás que sus hijas deben llegar vírgenes a los 13 o 14 años, para subastarlas a extranjeros o llevárselas al comandante del combo”, detalla el funcionario del Sisc, adscrito a la Secretaría de Seguridad.

Él encontró casos en las comunas periféricas Villa Hermosa y Popular, donde hay altos índices de desempleo y pobreza.

Amantina Rengifo, presidenta de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Villa Hermosa, reconoce que algunas mujeres de la zona cambian por mercados el cuerpo de sus hijas, incluso desde los 7 años. “Esa práctica se detectó en los barrios Villatina, Altos de la Torre y Pacífico, donde madres explotan a sus pequeñas en sus propias casas o las llevan al centro o a El Poblado”, afirma.

La violación de Karen ocurrió en el 2011, dos años antes de que Luis Guillermo Pardo, director del Centro Consultoría de Conflicto Urbano, denunciara por primera vez las subastas de vírgenes en Medellín. La ONG estableció que las subastas comienzan en 600.000 pesos y pueden cerrarse hasta en 5 millones, ofertas que generalmente provienen de extranjeros.

Entre los testimonios que Pardo reunió está el de una joven a quien una amiga la sedujo con regalos y luego la secuestró para venderla al mejor postor.

La fiscal María Victoria Beltrán lleva ocho años investigando historias de violencia y explotación sexual infantil en Medellín. A su despacho, la Fiscalía 99 del Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), llegan casos de pornografía, proxenetismo, constreñimiento y trata de personas. De acuerdo con su experiencia, es muy difícil que las víctimas denuncien, y más si sus mamás están implicadas.

La historia que la fiscal más recuerda es la de cinco hermanas alquiladas por su propia madre a mecánicos de un taller. La señora también le exigía a su hijo de 13 años que ofreciera su cuerpo para ayudar a pagar los gastos de la casa.

Beltrán dice que en su testimonio inicial, las jovencitas –con el apoyo de su abuela– contaron que su mamá las obligaba a tener sexo con hombres, les pegaba con alambres de púas y las encerraba. El ente investigador capturó a la mujer y le pidió a un juez que le dictara medida de aseguramiento. Sin embargo, las víctimas se retractaron cuando supieron que su mamá podía ir a la cárcel durante al menos 14 años, sin rebaja de penas.

“En muchos casos, la única referencia afectiva que tienen las menores que sufren abuso son sus mamás. Por eso las defienden, por muy malas que sean”, comenta la fiscal. Las cinco hermanas se acogieron al artículo 33 de la Constitución, que dice: “Nadie podrá ser obligado a declarar contra parientes cercanos”.

Y aunque las denuncias por estos delitos no se pueden retirar, sin víctimas no hay juicio. “Encontramos historias horribles y hacemos lo posible para que haya justicia, pero los afectados no colaboran”, agrega Beltrán.

En otros casos, los vecinos denuncian, pero no se prestan para declarar en un juicio. Y cuando los detectives buscan en las direcciones reportadas, nadie sabe nada.

(Además: Radiografía de la explotación sexual infantil en Medellín)

La nueva vida de Karen

Meses después de perder la virginidad de manera violenta, Karen se fue de su casa, en Villa Liliam. Pero no lo hizo para evitar los abusos sino porque vio en la prostitución una forma de hacer dinero.

Ella tiene 19 años, piel canela y estatura mediana, pero sus tacones la hacen ver alta. Su cabello es rubio tinturado y usa lentes de contacto azules. Su escote deja ver sus senos operados, y sus shorts, el inicio de sus caderas. Por plata, se ha acostado con más de 150 hombres. Fue bailarina y hoy es modelo de cámara web en un estudio del centro de Medellín. Casi a diario (descansando solo dos domingos al mes) le dedica 5 horas a su trabajo. Desde las 5 hasta las 10 de la noche está frente a un computador complaciendo a extranjeros que compran paquetes de sexo por internet.

Tras un año en el mundo del sexo digital, asegura que ese trabajo le cambió la vida porque ahora sí puede pensar en un futuro para ella y su mamá. Además, ya nadie la manosea.

La joven afirma que mostrando hasta lo más íntimo de su cuerpo gana seis millones de pesos al mes, dinero que derrochaba en lujos pero que ahora guarda para estudiar. Todavía no decide si economía o diseño de modas, pero el sueño es uno solo: comprarle una casa a su mamá.

* La fuente pidió no revelar su nombre

La Fiscalía no tiene ni una sola denuncia

La Fiscalía de Medellín no tiene denuncias sobre subasta o venta de vírgenes, pero sí investigaciones contra padres de niños que fueron cambiados por mercados o dinero. También hay casos de sujetos que buscaban vírgenes, como el del canadiense Brent Ron William Harracksing, de 35 años.

En el 2015 fue acusado por tener sexo con menores. Este hombre, condenado a 15 años de prisión, contactaba por Facebook a jovencitas de Medellín y les ofrecía plata a cambio de su virginidad. Además, les pagaba comisiones de hasta $ 300.000 por que le llevaran a otras colegialas.

La Fiscalía 99, la única de Medellín especializada en explotación sexual de menores, ha recibido 270 denuncias en los últimos dos años. Derivadas de ellas hay seis condenas y seis juicios en curso.


Escrito 2

Radiografía de la explotación sexual infantil en Medellín
En la ciudad hay 6 formas distintas de vender los cuerpos de los niños. Autoridades van tras redes.

Por:  Deicy Johana Pareja M


Las niñas que son explotadas tienen miedo de denunciar o no lo hacen porque no se consideran víctimas.


Las niñas que son explotadas tienen miedo de denunciar o no lo hacen porque no se consideran víctimas.

Muchas niñas dejan de jugar con muñecas para ser el juguete sexual de los hombres. A corta edad son forzadas a estar en el mundo de la prostitución.

Eso le pasó a Diana*, quien a los 12 años dejó de vestir muñecas para convertirse en una. Su propio novio la vendía, contra su voluntad, a señores que buscaban diversión con su pequeño cuerpo.

Ese delincuente primero le hizo creer que era su pareja y su protector, pero le robó su virginidad y la utilizó durante cinco años para ganar dinero, que ella nunca veía.

Cada que Diana se negaba a tener sexo con sus clientes, él la golpeaba brutalmente hasta dejarla inconsciente. Así la sometió durante cinco años, hasta que ella sacó valor y lo denunció ante la Policía, finalmente, lo capturaron en Moravia, el pasado 18 de julio.

Como ella hay muchas menores de edad víctimas de este delito en la capital antioqueña. De hecho, el Sistema para la Información y Convivencia (Sisc), de la Alcaldía de Medellín, identificó seis formas distintas de explotación sexual en la ciudad.

En la lista están: pornografía, prostitución, trata de personas, turismo sexual, explotación por parte de grupos armados ilegales y matrimonio servil.

Las investigaciones revelan que las redes de pornografía infantil seducen a las jovencitas por medio de Facebook, a través de engaños y sobornos. Primero les hacen creer que hablan con chicos de la misma edad, intercambian fotos eróticas y luego las amenazan con publicarlas si no siguen el juego.

Igualmente, los investigadores descubrieron que estos delincuentes usan casas en barrios periféricos. En cada habitación tienen una niña al frente de un computador, complaciendo a clientes, generalmente a extranjeros, que compran paquetes de sexo en vivo por internet.

En cuanto a la trata de personas para explotación sexual, el Sisc identificó que los fines de semana, las niñas son trasladadas desde Medellín hasta el occidente del departamento y a la zona minera del nordeste, donde delinquen grupos armados. En estos casos hay un agravante, las menores son sometidas a torturas.

En el turismo sexual, los principales clientes son extranjeros, a quienes las redes les venden un paquete completo que incluye hospedaje en un apartamento amoblado, droga y sexo. La Policía, incluso,  encontró  niñas de 10 años, víctimas de estos casos.

La coronel Martha Ligia Herrera, comandante de la Seccional de Protección y Servicios Especiales del Área Metropolitana, explicó que las niñas también distribuyen drogas. Esta modalidad es común en El Poblado, donde el pasado 7 de julio las autoridades capturaron a un estadounidense, conocido como ‘Jake’, que ofrecía paquetes turísticos con menores de edad.

Para las autoridades es muy complejo detectar estas redes de explotación porque usan páginas de internet con IPS internacionales (software que ejerce el control de acceso en una red informática), desde las que no se puede acceder en Colombia, entonces, el rastreo es más díficil.

Pero además, camuflan la explotación en un catálogo que solo tiene mujeres mayores de 18 años, que pasan desapercibidas porque no se trataría de un delito.

Otra de las dificultades es que en ese negocio hay muchas personas involucradas que reciben comisión económica por guardar silencio, recomendar y facilitar el ‘trabajo’ como los taxistas, botones de hoteles, administradores y empleados de bares y restaurantes.

En los casos de matrimonio servil, las autoridades no tienen denuncias formales pero saben que este fenómeno, aunque es silencioso, se da en la ciudad.

Para Iván Felipe Muñoz, experto de la Universidad de Antioquia y coordinador de la Mesa contra la Explotación Sexual, las investigaciones se concentran en la prostitución infantil, pero hay muy poca información de las otras modalidades de explotación.

A lo que se le suma, dijo, que los análisis son en el Centro y en El Poblado, pero no en los corregimientos ni en barrios populares, donde también hay explotación, pero hay pocas denuncias porque las niñas tienen miedo de hablar o  no se consideran víctimas.

El experto explicó que los hombres menores también explotados, pero por el mismo machismo de la ciudad, hace que sea mucho más invisible.

Crimen organizado

Los combos se vinculan al negocio de la explotación sexual de tres formas. La primera tiene que ver con la extorsión. El Sistema de Información identificó que grupos como las ‘Convivir’ les cobran a las jovencitas por brindarles seguridad, sobretodo, a las que trabajan debajo de las estaciones y las líneas del metro.

Estos grupos también actúan como intermediarios, hay un proxenetismo más directo y ellos mismos reclutan niñas para explotarlas. Por último, ganan con la prostitución y comercialización de drogas. La niña además de prestar sus servicios sexuales vende alucinógenos.

Según el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia, los grupos reclutan a las niñas, principalmente, en las comunas Popular, Manrique y Aranjuez, en el nororiente de Medellín, zonas con condiciones económicas bajas y pocas oportunidades.

En este momento, la Policía le sigue el rastro a varias bandas de la ciudad que se dedican a utilizar a las pequeñas, asimismo, tiene bajo la mira a una red de extranjeros.

No en todos los casos actúan las redes, también los padres están involucrados. Investigaciones revelan que en algunas familias, tanto la abuela como la madre y las hijas han estado inmersas en el mundo de la prostitución, desde los 12 años de edad.

La coronel Herrera dijo que en este momento, la Policía tiene 135 investigaciones de explotación sexual, que pueden llevar a capturas, entre estas, 12 por trata de personas.

Sin embargo, el Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Fiscalía solo recibió 18 denuncias de explotación sexual entre enero y julio. De las cuales, 13 fueron de mujeres y cinco hombres. En todo el año pasado, la entidad recibió 68 declaraciones de este tipo.

En lo corrido de2016, la Policía ha capturado en Medellín a 117 explotadores sexuales y adelanta la extinción de dominio de 21 hoteles, usados para comercialización de droga y prostitución infantil.

Entre las capturas está la del victimario de Diana. Ella tuvo suerte de salir de ese mundo, pero en otros casos, la explotación no termina con la captura de miembros de la red o del combo.

Redes dan drogas a víctimas

En El Poblado hay explotación sexual hace muchos años, pero hoy es más visible porque muchas niñas se desplazaron del Centro hasta la zona rosa.

Investigaciones del Sistema para la Seguridad y Convivencia (Sisc) muestran que en El Poblado, los extranjeros pagan por servicios sexuales con menores de edad entre 50 y 700 dólares, mientras que en el Centro, entre 5 y 20 dólares.

Sin embargo, en ambos sitios las niñas son obligadas a vender drogas a sus clientes porque el negocio es más rentable y el delito menos visible. “La niña se le acerca al cliente y le ofrece el servicio sexual y un pase”, contó un investigador del Sisc.

A los proxenetas les interese que las niñas sean adictas a las drogas, consideran que generar la adicción es parte fundamental para que la chica esté más dócil y sea más fácil tenerla en el negocio. "Por medio de los alucinógenos están más dispuestas a estar con los clientes no preguntar ni quejarse. En el caso del paruqe Lleras(El Poblado), las chicas consuman marihuana, cocaína y drogas sintéticas.

No obstante, con las drogas se complica la ruta de restablecimiento de derechos para una menor explotada sexualmente porque no se reconoce como víctimay en muchos casos, las niñas terminan en el Sistema de Responsabilidad Social para Adolescenets por delitos como porte y tráfico de estupefacientes.


La prostitución, trabajo legal que sigue sin reglas


Corte le ordenó al Gobierno regular el trabajo sexual para evitar abusos de las autoridades




“Estábamos sentadas en una banca de la plaza de la Mariposa, como hacemos todos los días, vestidas igual que siempre. Los policías llegaron, nos acorralaron, nos subieron a un camión y nos llevaron detenidas. Ir presa significa no poder trabajar, y si no trabajo, no tengo con qué pagar la pieza para dormir. Lo que yo hago no es ilegal, pero ese día los policías me dijeron que estaba estorbando en la vía pública, que mi trabajo era obsceno, que me llevaban detenida por ser una prostituta”.

Con esas palabras, Julia* cuenta lo que pasó el 20 de enero en un operativo al que la Policía denominó como “de recuperación de la vía pública”; varios agentes trasladaron a 14 mujeres desde el parque de la Mariposa, en Bogotá, hasta la Unidad Permanente de Justicia (UPJ). Algunas fueron golpeadas, según cuentan, y a la mayoría las dejaron retenidas varias horas, diciéndoles que estaban en alto grado de exaltación.

Por abusos como este, que según la Corte Constitucional se han vuelto sistemáticos, el alto tribunal le acaba de ordenar al Ministerio del Trabajo que regule el trabajo sexual en el país. A la Alcaldía de Bogotá y a la Policía les ordenó abstenerse de “utilizar la política de recuperación del espacio público para limitar el derecho a la libre circulación” de esta población.

El fallo es clave porque, como en todo trabajo informal, no hay cifras sobre cuántas personas viven de la prostitución voluntaria, que es lícita.

“En lugar de unas reglas informales impuestas por quienes administran los negocios, o por la Policía, se necesita una regulación estatal que garantice el derecho al trabajo, a la salud y a la seguridad”, asegura César Rodríguez, director de Dejusticia, centro de estudios jurídicos y sociales.
Los estudios sobre el tema son pocos. En Bogotá se han registrado 3.000 trabajadores sexuales, pero, según María Cristina Vélez, secretaria de la Mujer, el subregistro es tan grande que podrían llegar a ser unos 30.000. Esto porque buena parte de esta población no trabaja en la calle ni en casas de lenocinio, sino a través de redes sociales, hoteles, u otros espacios.

Una encuesta que la Secretaría de la Mujer hizo el año pasado con 2.000 personas dedicadas a este trabajo cuenta que el 94 por ciento son mujeres, el 43 por ciento sufrieron violencia en su actividad, el 89 por ciento están afiliadas al sistema de salud y el 55 por ciento consumen drogas. A nivel nacional no hay ninguna cifra certera. Sintrasexco, el primer sindicato de prostitutas en el país, dice que podrían ser más de 4 millones.

Vélez cuenta que aunque en el Congreso se han radicado proyectos para regular la prostitución, ninguno ha pasado del segundo debate. “Han polarizado la discusión hasta el punto de decir que cualquier reforma es imposible. Un grupo de congresistas dice que cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiere, y otro piensa que todo ejercicio de prostitución es una vulneración de derechos y hay que penalizar la demanda”, asegura.

La segunda razón por la que se necesita una regulación, dice la Corte, es que la “discriminación legal” en la que están las prostitutas ha permitido que su trabajo sea visto como indeseable, indigno, y que se cometan abusos. De hecho, la Fundación Parces, que representó a las mujeres de la plaza de la Mariposa en la tutela que interpusieron por lo sucedido, cuenta que en los casos que han registrado el 89 por ciento asegura haber sufrido algún tipo de violencia policial. En su observatorio de trabajo sexual, Parces encontró que, en Bogotá, de 150 prostitutas, 111 dijeron ser agredidas verbalmente por un policía, a 76 les pidieron dinero para no llevarlas a la UPJ y a 51 les pidieron favores sexuales para no detenerlas.

Las pautas de la Corte

La Corte ha fijado desde el 2010 pautas sobre la prostitución. El fallo dice que “el vacío legal hace que se las equipare a vendedoras ambulantes cosificando su cuerpo y presumiendo que el estar en un lugar específico implica que lo están vendiendo, cuando el trabajo sexual consentido vende un servicio”, dice el fallo.
Tampoco pueden ser retiradas bajo el argumento de que “su dedicación laboral va en contra de la tranquilidad pública y es un peligro para la sociedad”, o porque su manera de vestir sea calificada de obscena.

La Corte asegura que la Policía no puede conducir a una trabajadora sexual por estar en la vía pública, pues el trabajo sexual es legal, independientemente de si lo hacen en el día o en la noche. Esto no implica que no se deba perseguir los delitos de trata de personas, explotación sexual de menores o la inducción a la prostitución.
¿Zonas de tolerancia?

En los planes de ordenamiento territorial las autoridades regionales tienen la competencia para designar las llamadas ‘zonas de tolerancia’ donde se puede ejercer la prostitución, sitios que deben alejarse de colegios, hospitales e iglesias. Según Sebastián Lanz, director de Parces, el concepto de zonas de tolerancia debería replantearse. “Las mujeres que más sufren violencia policial son las que cruzan esas fronteras. Hemos creado un concepto en el que la gente cree que lo que se sale de esa zona no debe ser tolerado, sino sancionado”.
La Secretaría de la Mujer está de acuerdo con que debe haber una reforma.

*Nombre cambiado

Escritos tomados de: Periódico El Tiempo 

4 de Marzo de 2017

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