Por: Juan Diego Restrepo E.
Periodista y docente universitario
El gran proyecto de generación de energía que aprovecha las aguas del río Cauca ahora es motivo de preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El sueño de los antioqueños de aprovechar las aguas del río Cauca a su paso por el norte de Antioquia y construir en esa región una gran hidroeléctrica se viene concretando desde hace varios años, cuando se iniciaron las labores de remoción de tierras, trazado de vías y adecuación de las laderas y afluentes para lograr un sistema de generación de energía clave para el desarrollo del país.
En esa aventura de alta ingeniería, que implica un conjunto de obras en áreas montañosas, se embarcaron el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), Empresas Públicas de Medellín (EPM), la Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC) y un conjunto de pequeños accionistas que creyeron en ese proyecto. El propósito es que esté generando 2.400 megavatios de energía en 2018. La obra está situada a 171 kilómetros de Medellín y beneficiará de manera directa a los municipios de San Andrés de Cuerquia, Toledo, Ituango, Briceño, Yarumal, Sabanalarga, Peque, Buriticá, Liborina, Santa Fe de Antioquia y Olaya.
Los datos de este proyecto son de grandes dimensiones: la casa de máquinas albergará 8 turbinas; el embalse tendrá una longitud de 75 kilómetros, que contendrá 2.700 millones de metros cúbicos de agua; la cuenca, incluyendo las zonas de protección, cubre 12.800 hectáreas; y la presa tendrá una altura de 225 metros. Se estima que tendrá un costo final de 5.500 millones de dólares.
Pero no todo es tan onírico como parece. Los pobladores de la zona de influencia del proyecto han tenido serios reparos y se han pronunciado de múltiples formas para hacerle saber al país y a la comunidad internacional de los efectos negativos que ha tenido la ejecución de estas obras, entre ellos destrucción del tejido social como consecuencia del desplazamiento al que se vieron obligados decenas de pobladores, pérdida de prácticas artesanales de minería y pesca en las aguas del río Cauca, por tanto, afectación de los ingresos familiares.
El caso fue presentado durante el 153 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, hasta donde llegaron líderes de esa región de Antioquia y de otras zonas del país donde similares proyectos los han afectado, para exponer sus denuncias sobre lo que llamaron “desplazamiento por proyectos de desarrollo”. En una primera respuesta a esos testimonios, varios comisionados expresaron su inquietud al respecto y se preguntaron qué estaba haciendo el gobierno nacional para subsanar los daños que fueron narrados por las víctimas.
Y esa no es la única sospecha que pesa sobre este megaproyecto hídrico. En diciembre de 2011, el portal VerdadAbierta.com publicó un informe basado en la petición de una magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín quien solicitó investigar “hasta qué punto acciones militares de las Auc beneficiaron el proyecto energético, actualmente en ejecución”. (Ver Investigarán si ‘paras’ favorecieron proyecto Hidroituango)
Su preocupación se sustentó en la exposición que hiciera en Medellín la entonces Fiscal 15 Delegada ante la Unidad Nacional de Justicia y Paz, Patricia Hernández, en la que detalló las masacres que ocurrieron entre 1996, año en el que se discutía la conformación de la sociedad que emprendería semejante proyecto, y 2003, cuando se sellaron los acuerdos entre el Estado Mayor de las AUC y el gobierno nacional.
De acuerdo con las pesquisas de esta fiscal, el Bloque Mineros llegó a Ituango en 1996 a enfrentar a la guerrilla de las FARC y dos años después, el 31 de diciembre de 1997, se constituyó la Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero S.A.”, que a su vez fue uno de los últimos actos de gobierno del entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez.
El listado de masacres y de muertos en la zona de influencia de Hidroituango refleja una tragedia aún no dimensionada. En datos concretos, son las siguientes: La Granja, Ituango, 11 de junio de 1996, asesinadas 4 personas; El Aro, Ituango, 25 y 31 de octubre de 1997, asesinadas 15 personas; Oro Bajo, Sabanalarga, 12 de julio de 1997, asesinadas 8 personas y 2 desaparecidas; Las Juntas, Valdivia, 31 de marzo de 1996, asesinadas 4 personas; Cristóbal, Liborina, 18 de abril de 1997, asesinadas 5 personas; El Playón, Liborina, 26 de julio de 1997, asesinadas 3 personas; Los Sauces, Liborina, 11 de mayo de 1998, asesinada 3 personas; Liborina, 11 de mayo de 1998, asesinados 9 campesinos; Peque, 4 al 12 de julio de 2001, asesinadas 10 personas; Ochalí, Yarumal, 18 de enero de 2000, asesinadas 9 personas; Chorrillos, Briceño, 5 de mayo de 2002, asesinadas 6 personas; Briceño, 12 de mayo de 2000, asesinadas 3 personas y 1 desaparecida; El Hoyo, San Andrés de Cuerquia, 2 de noviembre de 2002, asesinadas 6 personas asesinadas; La Chorrera, San Andrés de Cuerquia, 4 de septiembre de 2003, asesinadas 4 personas.
Trayendo ejemplos de otros proyectos regionales, como el banano y el plátano en el Urabá antioqueño y la palma en el Atrato medio chocoano, la fiscal Hernández aseveró ante los magistrados que podía pensarse en una conexión similar en relación con el proyecto de Hidroituango. En su momento, esta funcionaria dijo que “la hipótesis, porque no se tienen elementos para corroborarla, es que el principal obstáculo que tenía este proyecto era la presencia de la guerrilla en toda la zona de influencia, entonces lo que había que hacer para empezar a darle factibilidad al proyecto era pacificar la zona, es decir, liberarla de la guerrilla para que se pueda hacer efectivo el proyecto y puedan ingresar los trabajadores y realizar las obras”.
Ante el volumen de información aportada por la fiscal ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, los magistrados solicitaron que se investigara a los socios minoritarios del proyecto, que corresponden al 0,64% de las acciones. No obstante, la petición se quedó a medio camino porque, curiosamente, un año después, la fiscal que construyó la hipótesis fue sacada de la Unidad Nacional de Justicia y Paz y trasladada a Florencia, Caquetá. Las sombras sobre Hidroituango no pudieron despejarse. Y aún persisten.
Tomado de la Revista Semana.com
28/10/2014
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