Daniel Pécaut
Tomado de; Contribución al entendimiento del conflicto rmado en Colombia. Comisión Histórica
del Conflicto y sus Víctimas. 2015
Observaciones preliminares
Incluso cuando se trata de acontecimientos que se consideran rupturas históricas de envergadura, como las grandes revoluciones o las grandes guerras, que obligan a considerar sin asomo de duda que hay un "antes" y un « después", el debate sobre los orígenes o sobre la multiplicidad de causas nunca se cierra. A la inversa, se producen grandes mutaciones como el advenimiento de la modernidad, o, más recientemente el de la globalización, que no remiten a un acontecimiento preciso pero transforman las relaciones sociales y la percepción del mundo.
Por lo demás, hacer referencia a la cuestión de las "causas" y del "origen" remite con mucha frecuencia a atribuir al "contexto" o a las "estructuras" una responsabilidad directa en los acontecimientos como si fuera posible pensar a estos últimos independientemente de los actores sociales que por medio de su intervención interpretan y transforman el contexto.
En la historia reciente de Colombia se pueden evocar sin duda algunas rupturas. Este es el caso de acontecimientos como el asesinato de Gaitán o la "Violencia". En la memoria colectiva se considera que estos hechos dieron lugar a un "antes" y un "después". Sin embargo, si bien tiene fundamento hablar de acontecimiento en el primer caso, no ocurre lo mismo en lo que tiene que ver con los fenómenos de la Violencia ya que no se sabe cuándo comienzan ni cuando terminan y comportan de manera ostensible una multiplicidad de dimensiones heterogéneas, se desarrollan en zonas aisladas unas de otras en muchos aspectos y tienen una unidad incierta. Por lo demás, así sea muy fuerte la sensación de ruptura, la sensación de continuidad no lo es menos en lo que concierne a los modos de dominación o al funcionamiento institucional. Los mismos factores pueden ser invocados para explicar tanto las rupturas como las permanencias.
La apuesta es aún mayor cuando se trata de dar cuenta de los fenómenos de violencia y del conflicto armado de las últimas décadas. No es por casualidad que utilizo los términos de "violencia" y "conflicto armado": ambos términos coexisten de manera permanente y establecen resonancias entre si. Las "causas" son sin lugar a dudas múltiples y se multiplican también a lo largo del tiempo. Lo que es causa en una fase se puede convertir en consecuencia en otra. Una vez que los enfrentamientos se generalizan se convierten a su vez en contexto. En realidad cada vez es menos posible analizar este último independientemente de los actores: cuando se trata de organizaciones que buscan objetivos
apelando al recurso de la fuerza, la referencia exclusiva a una situación "objetiva" previa es muy insuficiente. La dinámica de sus interacciones pasa a un primer plano.
En muchos sentidos me parece deseable evitar una lectura que privilegie de manera exclusiva las continuidades, independientemente de que éstas entren en relación con el contexto o con los actores. Las metamorfosis de la sociedad colombiana durante las décadas precedentes son evidentes. Si bien las desigualdades sociales no disminuyen, sus implicaciones si se modifican. El problema agrario sigue siendo, ciertamente, un trasfondo de la violencia, pero sus características han sufrido muchos cambios. En cuanto a los actores, sus transformaciones no son menos considerables: las guerrillas de hoy no tienen muchas cosas en común con las de ayer. El facilismo, como ocurre a menudo, es ceder a una visión teleológica de acuerdo con la cual la situación actual es el desenlace inevitable del pasado, dejando de lado las inflexiones imprevisibles y las incertidumbres que acompañan las decisiones de todos los protagonistas.
De la misma manera me parece necesario no asimilar de entrada los actores de orientación propiamente política a los actores sociales. Las guerrillas se reclaman sin lugar a dudas de las movilizaciones sociales. Si bien algunas veces existe una relación entre ambas, no faltan los ejemplos de tensión entre los dos fenómenos. Por lo demás, las fases en que el conflicto armado tiene una mayor resonancia apenas si coincide con aquellas en las que los movimientos sociales pasan a un primer plano.
En síntesis, sería correr un riesgo desmesurado pretender ofrecer desde ahora una interpretación indiscutible sobre el conflicto armado. No solamente porque sigue vigente y no se dispone de la distancia necesaria, sino porque es inevitable que sea objeto de una (3) diversidad de desciframientos, incluso de desciframientos contradictorios: ésta es la condición para que el conflicto se reinscriba en la lógica de la deliberación democrática. Conforme al plan que ha sido acordado para la realización de estos informes, voy a referirme a los orígenes del conflicto, a las razones de su prolongación y a los efectos sobre la población civil. De acuerdo también con este plan pondré el acento en los contextos y las interacciones entre los protagonistas, más que sobre las características y la evolución de estos protagonistas.
I. Identidades partidistas, modelo liberal de desarrollo y violencia
1. La cuestión agraria, continuidades y discontinuidades
Es inevitable comenzar por las cuestiones agrarias ya que constituyen el trasfondo de las tensiones sociales más intensas desde los años 1920 -incluso desde antes -hasta hoy; se convierten en varios momentos en importantes movilizaciones campesinas, alimentan los movimientos reivindicativos de los años 1920-1936, se vuelven encontrar en el corazón de la violencia de los años 1950, provocan movilizaciones en los años 1960-1975, subtienden el nacimiento de las diversas guerrillas en la misma época, y han sido invocadas posteriormente de manera constante por estas guerrillas como la justificación de sus acciones. Antes incluso de su fundación oficial, las FARC construyeron en 1964 su programa con referencia a las injusticias propias de las estructuras agrarias. Es decir las cuestiones agrarias parecen tener, como consecuencia de su continuidad, un carácter "estructural".
Los factores de continuidad son muy conocidos y nos limitaremos aquí a resumir los principales. Las luchas por la apropiación de la tierra han sido constantes y giran sobre todo alrededor de la apropiación de los baldíos: los grandes dominios se apropiaron desde el principio de la parte del león en detrimento de los resguardos indígenas pero, de manera más general, a expensas de la propiedad campesina. Las reglamentaciones legales fueron violadas constantemente; las influencias políticas contribuyeron a ello pero también el uso de la fuerza para expulsar a las diversas categorías de trabajadores rurales. La concentración de las tierras ha sido siempre particularmente fuerte, bajo la forma, en particular, de vastos dominios de ganadería extensiva, y el fenómeno se ha mantenido hasta ahora: como veremos, el conflicto armado ha permitido a los grupos paramilitares y a sus aliados apoderarse de millones de hectáreas, lo que ha llevado la concentración al paroxismo (2).
Otra constante tiene que ver con los fenómenos de las corrientes migratorias campesinas hacia regiones aún poco ocupadas. A diferencia de las que a comienzos del siglo XX presidieron la colonización de zonas de producción de café, que sin ser pacífica, dio lugar a la formación de un campesinado pequeño y mediano relativamente estable, las corrientes de colonización que se presentaron desde 1950 estuvieron acompañadas con frecuencia de conflictos violentos. Si bien el Estado a través del INCORA trató de desarrollar algunos escasos programas de distribución de tierras, en la mayoría de los casos los colonos fueron abandonados a su suerte. La presión de los detentadores de capitales económicos y políticos, con el recurso a la fuerza muchas veces3, provoca su desplazamiento hacia regiones cada vez más alejadas, aisladas por lo general de los circuitos comerciales y donde, con excepción de los redes de los partidos tradicionales, las instituciones oficiales se caracterizaban por su ausencia. No es, pues, sorprendente que estos colonos hayan aceptado muchas veces la protección de los núcleos guerrilleros. Violencia y colonización van de la mano con mucha frecuencia de esta manera.
Otro factor que contribuye a ello es la ausencia frecuente de títulos de propiedad. Esta ausencia, que no ha sido ajena a los conflictos agrarios desde los años 1930, nunca ha sido superada desde entonces. Según estudios recientes, 47% de los predios carecen de títulos de propiedad en buena y debida forma4. Los registros catastrales no existen en todos los departamentos y en muchos lugares son dudosos -los notarios a menudo han ratificado las apropiaciones ilegales-. Esta situación no es solamente fuente de violencia sino que compromete el acceso a la ciudadanía en la medida en que ésta pasa en buena parte por el reconocimiento de la posesión de los bienes, como ya lo afirmaba Locke (5). El campesinado se ve así abocado a una doble condición de relegación: una pobreza mucho más pronunciada que la de la población urbana y una ciudadanía incierta.
Sin embargo, las discontinuidades no por ello son menos significativas. De una fase a la otra, las modalidades de movilización agraria evolucionan y los vínculos que se establecen entre ellas no son evidentes de manera alguna. Hacer de los movimientos agrarios de 1925 - 1936 el origen de las movilizaciones de los años 1960, y de éstas el origen de la lucha
armada, es por lo menos discutible.
Se puede hablar de un verdadero movimiento en los años 1925-1960 en el Sumapaz y ciertas partes del Tolima, que combina reivindicaciones sociales y la referencia a identidades políticas comunistas o gaitanistas; sin embargo esto sólo tiene que ver con una región y, en lo esencial, con un período. La fase de conmoción de la Violencia representa una ruptura más que una continuidad. Bajo el Frente Nacional, las diferenciaciones en el seno del mundo campesino se vuelven cada vez más netas: asalariados agrícolas permanentes o estacionales, pequeños propietarios, campesinos sin tierra, colonos estables o inestables: la conjunción no puede ser más frágil. La experiencia de la ANUC en 1971- 1975, a la que haremos referencia más adelante, constituye una prueba: múltiples factores contribuyen sin duda a su división pero uno de ellos es precisamente la heterogeneidad de los participantes. Por lo demás, el movimiento alcanza la mayor amplitud en los departamentos atlánticos que, poco tocados por la Violencia, son en contrapartida aquellos donde la cuestión de la tierra se plantea con la mayor agudeza y las grandes extensiones dedicadas a la ganadería ocupan la mayor superficie.
Por lo demás, el problema proviene del reforzamiento de una agricultura capitalista mucho más productiva que la agricultura campesina. Los progresos recientes de cultivos como los de aceite de palma acentúan cada vez más las presiones sobre la tierra. Por el contrario, la (5) agricultura campesina se ve confrontada con las medidas de liberalización comercial, sobre todo cuando se trata de cultivos alimenticios. Esto vale igualmente para el cultivo del café
debido a las variedades y a los métodos mucho más costosos que los utilizados antes, al igual que a una competencia internacional cada vez mayor -desde 1980 la parte del café en las exportaciones colombianas ha disminuido mucho, por lo demás -. El empleo de mano de obra asalariada puede, incluso, verse afectado como ocurre con la producción de algodón.
En los años de 1980, la expansión de los cultivos de coca introduce una nueva diferenciación, aún teniendo en cuenta que una parte ínfima de los ingresos de esta producción -sujeta por lo demás a bruscas variaciones-, queda en manos de los cultivadores -que no son todos campesinos -, su monto es superior a la que percibían anteriormente. El asunto de la repartición de la tierra pasa a un segundo plano para ellos provisionalmente: el problema de la seguridad es el que predomina. Y en efecto tarde o temprano se encuentran atrapados en el conflicto, más aún en las regiones disputadas por los diversos actores armados.
De hecho, la manera como se plantean los problemas agrarios se ha transformado casi en todas partes por la expansión del conflicto armado. En este campo, más que en cualquier otro, los datos "estructurales" no pueden ser separados de las interacciones entre las organizaciones. Éste será uno de los temas centrales de las últimas partes del informe.
Sin embargo, una observación se impone. Ni los problemas agrarios de los fenómenos de violencia ni los derivados del conflicto armado son suficientes para explicar por si mismos otra especificidad de Colombia: el lugar que el país rural ha seguido ocupando en la vida política. El hecho merece una atención especial: la parte de la población rural no ha dejado de disminuir con relación a la población urbana: de los 2/3 que Colombia tenía en 1920, cayó a menos de 30% en los años recientes. Una de las razones de ello es probablemente el impacto de la tradición partidista. Si bien ésta ha contribuido a hacer más frágil la simbólica de la unidad nacional, también tuvo por efecto hacer descansar ampliamente los mecanismos de poder en las redes de control de la sociedad rural. A pesar del derrumbamiento reciente de los dos partidos, continúa prevaleciendo un alto nivel de "ruralización" de la vida política. Esto es válido en lo que tiene que ver con los mecanismos del poder, pero no es menos válido para los mecanismos de "contrapoder" que surgen periódicamente, sobre todo cuando periferias nuevas se agregan a las anteriores. Todo ello obviamente teniendo en cuenta que lo que constituye las "periferias" no es el alejamiento geográfico sino el hecho de que las instituciones son particularmente deficientes en ese ámbito. Entre los problemas agrarios hay que tener en cuenta también la permanencia de los mecanismos de poder en el mundo rural.
2. La creación de formas de dominación social y política en los años 1930-1940
Muchos de los rasgos que singularizan la historia colombiana, con relación a la de muchos países muy importantes de América Latina, están presentes sin lugar a dudas desde antes de 1930. Entre éstos, los más notables son el "civilismo", es decir la prevalencia de las élites civiles sobre la institución militar, y la precariedad de la simbólica nacional. Sin embargo, se puede considerar que en los años 1930 -1940 se acentúan las diferencias en la medida en que se consolidan estos dos rasgos a través de la incorporación de la población a los partidos tradicionales y la adhesión de las élites a un modelo liberal de desarrollo. Imputar de entrada a estos dos rasgos los fenómenos de violencia que marcan los años siguientes sería un poco apresurado. Cuanto menos se puede considerar que contribuyen a la construcción de un contexto que los hace posibles.
El período de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial está marcado en muchos países latinoamericanos por las crisis del esquema agro-exportador y las políticas de industrialización, la transformación del rol del Estado, el ascenso de las afirmaciones nacionalistas. Las Fuerzas Armadas o una tecnocracia pública son a menudo los actores comprometidos. El giro puede revestir un aspecto autoritario; y en algunos casos también, muy rápidamente o con cierto desfase, puede tomar un tono populista,. El principio de legitimidad que es invocado en ese momento no es propiamente el liberalismo político, acusado de tener su fundamento en un sustrato individualista, sino el acceso de las masas populares a una ciudadanía social o, en todo caso, nacional.
Ocurre de una manera completamente distinta en Colombia. En lugar de debilitarse, el encuadramiento de la población por los dos partidos tradicionales se afirma cada vez más hasta adquirir el aspecto de dos culturas políticas opuestas; la de los conservadores se reclama de la proximidad con la Iglesia Católica, ambas presiden la constitución de identidades individuales y colectivas. En tanto que organizaciones, lejos están de presentar una cohesión sin falla: en su base, descansan en redes manipuladas por caciques locales; en la cúspide, tanto el Partido Conservador como el Partido Liberal están atravesados constantemente por profundas divisiones relacionadas con las medidas políticas que preconizan. Pero esto no es un obstáculo: las adhesiones partidistas son lo suficientemente sólidas como para reemplazar la referencia a una ciudadanía común.
Sin embargo, en vísperas de la crisis de 1929, se podía pensar que estas adhesiones partidistas eran susceptibles de debilitarse, sobre todo por el lado liberal. Los conflictos agrarios, el surgimiento de formaciones disidentes como la UNIR de Gaitán o el Partido Comunista, la impaciencia de ciertas élites intelectuales, parecían ser sus signos premonitorios. Pero la llegada al poder del Partido Liberal en 1930 produce la adhesión de la mayor parte de los sectores progresistas de este partido a la ilusión de que bajo su liderazgo se va a operar una modernización similar a la de los países vecinos. Las esperanzas se incrementan más aún con la llegada a la presidencia en 1934 de Alfonso López Pumarejo con su eslogan de la "Revolución en marcha".
De hecho las transformaciones políticas que su gobierno lleva a cabo son impresionantes en muchos sentidos: supresión de la referencia a Dios en el preámbulo de la Constitución, instauración del sufragio universal masculino, reformas educativas. Pero la reformas sociales tienen aún una mayor repercusión entre las clases populares. El gobierno no se contenta con reconocer los derechos sindicales sino que da la impresión de que apoya sus reivindicaciones. Por lo demás, en 1936 hace aprobar una reforma agraria orientada a ofrecer una solución a los conflictos en curso: al poner en primer plano la "función social de la propiedad", esta reforma favorece en particular la división de algunos grandes extensiones dedicadas al café, compromete una modificación del estatuto de ciertas categorías de apareceros. Estas medidas logran disminuir de manera momentánea la intensidad de los conflictos pero chocan rápidamente con la oposición de los grandes propietarios y son revisadas algún tiempo después hasta el punto de que finalmente sólo tienen un alcance simbólico. Por lo demás, desde finales de 1937 el gobierno renuncia a continuar con su obra reformadora.
Esto no impide que el conjunto de estas reformas sea suficiente para que los sectores populares del Partido Liberal tengan efectivamente la impresión de que se trata de un una transformación de conjunto. Desde entonces su adhesión a este partido se afirma cada vez más. El joven Partido Comunista, constituido oficialmente en 1930, después de haber sido obligado a aplicar en un primer momento la línea de "clase contra clase", al precio de muchas convulsiones internas, no se queda atrás para celebrar la "Revolución en marcha" en la que percibe un "Frente popular" a la colombiana: durante una década, predica la "colaboración de clases" y se comporta prácticamente como una simple fracción del Partido Liberal.
El reforzamiento de la identificación partidista es igualmente pronunciado por el lado del Partido Conservador. Por lo demás, la alternancia del poder en 1930 se había traducido en muchos departamentos en fenómenos de violencia a medida que los liberales ocupaban los puestos que tenían los conservadores: durante cerca de tres años estos enfrentamientos dieron como resultado varios miles de muertos y alimentaron la convicción de los conservadores de que el nuevo poder sólo se fundaba en la fuerza. Pero la inflexión decisiva se sitúa hacia 1936 debido a los ecos de la Guerra Civil española. La mayoría del Partido Conservador, conducido por Laureano Gómez, no se contenta con invocar la defensa de los fundamentos sagrados del orden social frente a la reforma de López Pumarejo, sino que se solidariza con el campo franquista, retoma por su propia cuenta las diatribas de la extrema derecha europea contra la democracia liberal y pone en cuestión la legitimidad de los gobiernos que de ella se reclaman. Mientras las querellas tomen de manera prioritaria un giro ideológico, son a pesar de todo menos brutales que las que se desarrollan en muchos países europeos. Pero la mezcla entre viejas culturas partidistas, las que habían alimentado la violencia mencionada un poco más arriba, con contenidos ideológicos modernos, puede volverse explosiva.
Como es sabido el otro rasgo que caracteriza este período en Colombia es la consolidación de un modelo liberal de desarrollo. El esquema agro exportador, en el que el café es la pieza principal, no se pone en cuestión; la intervención económica del Estado sigue siendo muy limitada y muy inferior a la que predomina en países de nivel de desarrollo comparable; las élites económicas privadas toman a su cargo ampliamente la gestión económica y le confieren una orientación muy ortodoxa. Eso no es todo: incluso la gestión de lo social sigue estando en gran parte en las manos de estas élites. El gobierno de López Pumarejo no llevó a cabo una verdadera institucionalización de las relaciones sociales: las medidas en este campo sólo aparecen en 1944-1945 y van a ser arrastradas por la tormenta que sigue. El principal polo industrial, el polo antioqueño, hace del paternalismo su doctrina y la Federación de Cafeteros toma a su cargo la adecuación de las zonas de producción.
La estabilidad de un modelo de desarrollo de esta naturaleza apenas habría tenido chance de mantenerse sin el encuadramiento de los partidos tradicionales. Se trata de dos caras de una misma realidad. Las élites económicas se reparten entre los dos partidos de tal manera que éstos se diferencian muy poco o casi nada en lo que concierne a sus orientaciones económicas. La resistencia contra las reformas lopistas proviene tanto de los privilegiados liberales como de sus homólogos conservadores. La división de los partidos apenas si tiene una repercusión inmediata sobre la economía y permite canalizar las pasiones de las masas populares por una vía distinta a las reivindicaciones sociales.
Los dos elementos se conjugan para servir de base a una precariedad del Estado que se manifiesta en muchos otros planos y no sólo en la economía. El "civilismo" no se traduce sólo por el poco prestigio y por la carencia de medios de las Fuerzas militares; afecta mucho más a la policía, reducida en su conformación a policías locales, a menudo improvisadas y a merced a pequeños jefes políticos. Es claro que el Estado en estas condiciones se encuentra lejos de poder ejercer una autoridad cualquiera que sea sobre la mayor parte del territorio e, incluso, de poder conservar el monopolio de la violencia legítima (6).
La débil institucionalización de las relaciones sociales tiene numerosas consecuencias duraderas. Sólo mencionaremos cuatro: el recurso de las élites a diversas formas de violencia privatizada sigue siendo una eventualidad en el caso de los litigios sociales; el desarrollo favorece el mantenimiento de las desigualdades sociales o más bien las (6) presupone (7); la relación de todos los sectores con el Estado, pero sobre todo de las clases populares, sigue siendo ambivalente: todos se dirigen al Estado cuando tienen una demanda que satisfacer pero al mismo tiempo todos denuncian su incapacidad de responderlas. La duda sobre la legitimidad de las instituciones hace posible la invocación del derecho a la rebelión, en la línea de las guerrillas anteriores.
En suma, contrariamente a lo que ocurre en muchos otros países, la crisis mundial conduce más bien a un reforzamiento de la democracia liberal y del modelo liberal de desarrollo. En ningún momento el Estado como tal pretende fundar un dominio sobre la sociedad. Pero las divisiones políticas y sociales que atraviesan al Estado abren la posibilidad de que salgan a la luz las vulnerabilidades de este funcionamiento.
3. El gaitanismo y la Violencia 1945-1964
Veamos ahora la fase de la "Violencia". Sin duda, ésta se puede interpretar parcialmente a partir de dos contextos evocados anteriormente: las estructuras agrarias que favorecen la irrupción de enfrentamientos crónicos y el modelo político y económico fundado sobre las pasiones partidistas y el mantenimiento de las desigualdades. Sin embargo la violencia introduce una ruptura mayor. Con frecuencia se hace de los fenómenos de violencia colombianos una trama continua que parte de las guerras civiles del siglo XIX y de la Guerra de los Mil días, engloba los conflictos agrarios de los años 1920 -1930, y conduce al episodio de la Violencia. Con justo título los historiadores han subrayado las enormes diferencias: las guerras civiles ponen en juego sobre todo fuerzas dirigidas por miembros de las élites, los conflictos agrarios sólo tuvieron un número limitado de muertos, las pasiones partidistas no impidieron que Colombia conociera después de 1903 varias décadas de relativa paz (8). La "Violencia" significa una ruptura. Los 200,000 muertos que le son atribuidos son por sí mismos una expresión de su magnitud, pero lo son aún más las atrocidades y los desplazamientos forzados de los que se acompaña. La "Violencia" se caracteriza también por la heterogeneidad de los fenómenos que combina, la fragmentación geográfica de los enfrentamientos a los que da lugar, al hecho de que escapa ampliamente el control de las élites.
El término de la "Violencia" con que se designa este período no deja de ser ambiguo ya que deja entender que se trata de un desencadenamiento de fuerzas que sólo obedecen a las pasiones e intereses del instante y de esta manera permite ocultar a sus instigadores, y acusar de manera exclusiva a las masas, sobre todo rurales, que se vieron arrastradas por el enfrentamiento y a las cuales se les incrimina por su ignorancia, al igual que por su barbarie.
Lo que es cierto es que el episodio trastornó una gran parte de la sociedad, dejó marcas reales e imaginarias que aún sobreviven, al igual que la convicción de amplios sectores de que la violencia y no el Estado de derecho rige las relaciones sociales. De allí a hacer de este fenómeno el origen del conflicto armado reciente sería llevar a cabo una simplificación que dejaría de lado muchos matices, aún considerando que es cierto que una guerrilla como las FARC proviene directamente de allí.
La Violencia comienza en 1946 después de la elección del conservador Mariano Ospina Pérez. En 1947 ya había producido cerca de 14.000 muertos. Pero como la violencia precedente de 1930 lo había mostrado, cualquier tipo de alternancia era portadora de enfrentamientos sangrientos y los departamentos más afectados eran los mismos que habían sido afectados quince años antes. Se podría pensar, pues, que sólo se trata de formas tradicionales de violencia. Pero esta alternancia se produce en una coyuntura especial: el ascenso de una movilización populista inédita, detrás de Jorge Eliécer Gaitán; y de una contra movilización que se reclama de un fundamentalismo católico, detrás de Laureano Gómez. Desde entonces la violencia se exacerba: en 1948 alcanza cerca de 43.000 muertos, en 1950 más de 50.0009.
El populismo gaitanista presenta numerosas similitudes con los populismos de los países vecinos: el llamado al pueblo contra la oligarquía, el rechazo de la democracia liberal, la referencia a la intervención del Estado, la personalización extrema de la relación con el líder. Pero se distingue de estos en algunos puntos importantes. Gaitán durante un tiempo intenta situarse por encima de la división partidista, pero en 1947 se inscribe de nuevo en ella y al asumir la dirección del Partido Liberal termina por conferirle más intensidad que nunca. No es pues sorprendente que la dimensión nacionalista de sus discursos sea más bien tímida puesto que esta división sigue haciendo problemática la simbólica nacional. Se trata, por lo demás, de un populismo que se puede llamar de segunda generación: aparece después de la Revolución en marcha de López, y cualesquiera que hayan sido las decepciones que ésta haya dejado, una gran parte de los sectores populares tienen la sensación de haber accedido ya a la ciudadanía. Este es el caso de la mayoría de los sindicatos urbanos y Gaitán no cesa de poner en cuestión su vinculación con los dirigentes liberales tradicionales e, incluso, los "privilegios" que hubieran podido alcanzar. En concordancia con la represión de las huelgas por parte del gobierno, la campaña Gaitán contribuye de esta manera desde 1947 al debilitamiento sindical. No es por casualidad que Gaitán se dirige casi siempre al Pueblo como si éste, abandonado a sus propias fuerzas, no pudiera llegar a convertirse en un sujeto político.
El Partido Comunista está igualmente afectado por la crisis. Sigue siendo fiel a López, logra consolidar su presencia en los medios obreros y artesanos y ocupa posiciones claves en la CTC, la única confederación reconocida. Pero el gaitanismo es a sus ojos una modalidad del fascismo, a la manera del peronismo. Y por esta vía una gran parte de sus simpatizantes, que acompañan con fervor las campañas gaitanistas, lo abandonan. A nombre de la ortodoxia marxista, los comunistas se marginan de esta manera del más poderoso movimiento de masas urbanas que se haya conocido en Colombia.
El asesinato de Gaitán el 9 abril 1948 es seguido por el Bogotazo y otras insurrecciones locales. El gaitanismo como movimiento nunca tuvo una organización y no sobrevivió a su líder, incluso si la mayor parte de los sectores populares del Partido Liberal, sobre todo los que le habían sido hostiles, se reclaman de sus filas a partir de ese momento y consideran que su desaparición es una "revolución frustrada".
Sin embargo estos acontecimientos provocan pánico en todas las élites independientemente de su filiación partidista, reviven el espectro de las masas peligrosas y la conciencia de un abismo social. Alimentado por el clima de la Guerra Fría, el anticomunismo se convierte en un componente central de la política. Todos estos factores contribuyen a una represión oficial que destruye lo que subsistía del sindicalismo y otras organizaciones urbanas. El Partido Comunista por su parte es declarado ilegal hasta 1958.
Estos acontecimientos precipitan sobre todo la caída en una violencia generalizada. La neutralización de las organizaciones urbanas es precisamente una de sus condiciones. Los fenómenos de violencia se expanden más rápidamente en las regiones rurales en la medida en que las instituciones son allí más deficientes. Cerca de las tres cuartas partes de la población siguen siendo rurales. Sin embargo, la paradoja, como ya hemos dicho anteriormente, es que el desplazamiento de la escena política hacia la Colombia rural se lleva a cabo en el momento en que comienza a acelerarse la urbanización y la industrialización. Este desplazamiento se mantiene y perdura a pesar de que Colombia es ahora un país urbano.
En 1948 y 1949 la violencia alcanza un nivel tal que se podría decir que el Estado de derecho se derrumba. El cierre del Congreso en 1949 y, poco después, la decisión del Partido Liberal de no participar en las elecciones presidenciales, dejando el campo libre a Laureano Gómez, representan los hitos de esta deriva. El proceso de este último se puede considerar sin lugar a duda en la categoría de los proyectos autoritarios. Con la asimilación de liberalismo y comunismo y con la aspiración de devolver a la Iglesia su función de garante del orden social, busca implantar un sistema corporativo. Este propósito rápidamente pierde fuerza: en ningún momento logra consolidar su propia autoridad sobre el Partido Conservador, que se encuentra atravesado por múltiples divisiones y, menos aún, reforzar la autoridad del Estado central sobre los diversos poderes de facto.
La mejor ilustración de esto es la semiprivatización de la Policía en beneficio de activistas conservadores, los famosos "chulavitas”. Esto no significa ciertamente que el gobierno no se involucre en las prácticas de violencia, directamente o por intermedio de los gobernadores y de los alcaldes; pero es un hecho que las dinámicas de violencia escapan de sus manos en una gran medida. Ante esto, las guerrillas liberales y comunistas ganan cada vez mayor fuerza y comienzan a inquietar más y más a las propias élites liberales, hasta el punto de que las abandonan a su suerte.
La pérdida de control sobre la situación explica la sensación de alivio casi unánime con que se acoge el golpe de Estado del general Rojas Pinilla en junio de 1953, un personaje muy próximo de los conservadores. En los meses que siguen casi todas las guerrillas liberales se desmovilizan, incluso algunas guerrillas comunistas. Sin embargo, su aura de pacificador no sobrevive al hecho de que en 1955, movido por su anticomunismo y por Estados Unidos, se decide a lanzar importantes y sangrientas operaciones militares sobre zonas campesinas controladas por los comunistas. La luna de miel con las élites llega a su fin, cuando Rojas Pinilla intenta crear su propia organización política con miras a un nuevo mandato, y con el apoyo incluso de antiguos gaitanistas. Su derrocamiento pacífico en mayo de 1957 es tan celebrado como lo había sido su acceso al poder cuatro años antes. Los fenómenos de violencia no se interrumpen por ello completamente, sino que se prolongan, en particular en las regiones, bajo la modalidad de un bandidismo, a mitad de camino entre lo social y lo político.
¿Sería posible, a pesar de su fragmentación y de la diversidad de sus manifestaciones, definir una referencia que sea común a todos estos fenómenos? Me parece que, sobre todo al comienzo, sólo se puede considerar la referencia a las dos identidades partidistas, que hacen posible que un imaginario "amigo-enemigo", haga presencia en casi toda la sociedad.
En esta dirección, la violencia adquiere el aspecto de una guerra civil; pero de allí no se puede concluir que no hagan parte del fenómenos otras dimensiones que remiten a realidades tan diversas como los conflictos agrarios, antiguos o recientes; las estrategias de apropiación de los recursos en las regiones cafeteras en el momento en que se benefician del alza de los precios de la producción; los choques entre corrientes migratorias, como es el caso del Tolima entre antioqueños y boyacenses, etc.
En los lugares en se había logrado consolidar un proceso de organización previo en el marco de las luchas promovidas por la población rural, ésta última puede más fácilmente hacer frente a la violencia de las autoridades: esto es lo que ocurre por ejemplo en el Sumapaz donde el movimiento agrario, influenciado por el Partido Comunista, interviene para evitar la irrupción de la policía conservadora, y está dispuesto a aceptar arreglos con los hacendados. Esto es también lo que se produce en el sur del Tolima donde las poblaciones indígenas tienen una larga tradición de resistencia. Pero estas situaciones son más bien excepcionales: en la mayoría de las regiones, las poblaciones pueden construir formas de solidaridad elemental, como las juntas de vecinos, pero no logran hacerse a medios de intervención colectiva autónoma.
Las redes partidistas, manipuladas por los gamonales o por caciques locales, establecen un control al que los habitantes difícilmente escapan. A fortiori esto es lo que ocurre en la coyuntura de la Violencia, en la cual dirigentes improvisados se suman a los ya existentes para imponer su disciplina.
El movimiento incesante de colonización se traduce en una multitud de litigios, no solamente con los que disponen de influencia política, sino entre los mismos colonos. Allí donde la prosperidad está relativamente definida, como en las regiones de café, el individualismo tienden fácilmente a prevalecer en detrimento de la acción colectiva.
La violencia tiene finalmente dos efectos complementarios: acentúa en nombre de las identificaciones partidistas las adhesiones voluntarias o forzadas a todo tipo de redes privatizadas; provoca un fraccionamiento, incluso una dislocación de la población, que tiende a impedir más que nunca su transformación en actor. Sin embargo, la violencia conduce simultáneamente a la constitución de una resistencia liberal y comunista de una amplitud considerable, que se traduce en particular en el surgimiento de numerosas guerrillas. El fenómeno hace parte a menudo de la tradición de sublevación contra un régimen ilegítimo, pero en otros casos remite a posibilidad de tomar a cargo reivindicaciones sociales.
Sin embargo, es asombroso que las guerrillas no escapen a la fragmentación que caracteriza al conjunto de los fenómenos de violencia. Los intentos de coordinación realizados, sobre todo por las guerrillas bajo la influencia del Partido Comunista, sólo logran éxitos precarios, al menos hasta finales de los años 1950. Las guerrillas más importantes se reclaman del Partido Liberal. Entre estas últimas, las guerrillas de los Llanos Orientales cuentan con los efectivos más numerosos y no vacilan cuando se trata de atacar a las fuerzas militares. Su prestigio proviene también del hecho de que se habían emancipado progresivamente de los hacendados liberales y de las élites políticas liberales hasta el punto de proclamar en 1953 algunas "leyes" que implicaban transformaciones agrarias. Esto no impide que estas guerrillas también hayan estado durante largo tiempo prisioneras del "localismo" y de las rivalidades internas.
Entre las guerrillas liberales y las guerrillas comunistas las hostilidades son frecuentes. No obstante, un cierto número de guerrilleros comunistas, comenzando por Manuel Marulanda Vélez, comenzaron su carrera en los grupos liberales. Pero desde 1951 las relaciones entre "limpios" y "comunes", para retomar los términos que ellos mismos utilizan, y las disputas por el control de los territorios, se endurecen. Con la llegada al poder de Rojas Pinilla, las divergencias políticas se hacen patentes: la inmensa mayoría de los guerrilleros liberales se desmovilizan pero los guerrilleros comunistas se niegan a hacerlo. La ofensiva militar lanzada en 1955 por el gobierno contra estos últimos refuerza durante largo tiempo su opción de mantener una capacidad de autodefensa. Más aún, durante los años siguientes las antiguas guerrillas liberales, con el apoyo de los políticos locales, se empeñan en sacar ventaja de sus posiciones y asesinan a algunos de sus cuadros. La consecuencia de esto es que cuando suena la hora del Frente Nacional, los comunistas rurales se ven obligados a replegarse en ciertas zonas. En algunas de ellas, como en el Sumapaz, la reticencias con respecto a la continuación de la lucha armada son además explícitas. Sin contar con que la dirección del Partido sigue interesada en recuperar, llegado el momento, su influencia sobre la clase obrera y no quiere que su porvenir quede de manera exclusiva en manos de las autodefensas campesinas.
En general la Violencia representó en una gran parte del país una vasta dislocación del mundo rural. Camilo Torres escribió un célebre artículo en el cual sostiene que el campesinado había logrado conquistar una mayor autonomía y una mayor conciencia de sus derechos frente a las élites10. El resultado en ese momento me parece muy diferente. La inserción en las filiaciones partidistas se consolidó más que nunca y, por esta misma vía, la dominación social de las clases dominantes. El modelo liberal de desarrollo no se detuvosino que, por el contrario, se consolidó. Los elevados precios del café entre 1949 y 1954 garantizaron a los "gremios" y a las élites de los dos partidos, que sumían de común acuerdo su dirección, una influencia sin precedentes. En síntesis, la sociedad conoció una conmoción extrema pero las estructuras de poder siguieron intactas y sin posibilidad de resquebrajarse.
Los sectores populares rurales sufrieron un profundo traumatismo cuyos rastros afloran en todo momento. Como en la mayor parte de las masacres de masas, tuvieron la sensación de que habían sido movilizados sobre todo por el afán de defenderse del otro campo, antes de que pudieran tomar conciencia de que habían estado combatiendo entre semejantes -ya que nada podía diferenciar socialmente un campesino conservador de un campesino liberal-, y
que lo habían hecho a la cuenta de "otros", es decir, los dirigentes políticos denunciados por Gaitán.
De esta manera la memoria se convierte muy a menudo en el recuerdo de una humillación y da lugar a un sentimiento de rabia que produce la tentación de tomar la revancha por las armas. La lección de la Violencia consiste también en saber que las instituciones están fundadas en relaciones de fuerza y, por consiguiente, que es legítimo recurrir a la fuerza para combatirlas.
5. ¿El Frente Nacional: un sistema cerrado?
En 1958, después del ínterin de la Junta Militar, se concreta la fórmula del Frente Nacional. Aprobado por una abrumadora mayoría, ansiosa por pasar la página de la Violencia y de la dictadura, este pacto instaura por 16 años la rotación en la presidencia de las dos partidos tradicionales y el reparto entre ellos de los los puestos públicos, y les atribuye el monopolio de la representación política. De hecho, la fórmula presenta en muchos sentidos el aspecto de una restauración que remite a tres décadas atrás. Los mismos dirigentes políticos, incluso los más implicados en la Violencia (Laureano Gómez en primer lugar), orquestan su implementación. Para asentar más sólidamente su autoridad cubren de oprobio la "dictadura" de Rojas Pinilla, y para renovar la tradición "civilista", resaltan la ineptitud de los militares para mezclarse en la cosa política. En contrapartida se cuidan de evocar su responsabilidad en la tragedia de la Violencia y su reconciliación produce la sensación de que se trata de un pacto de olvido. Nada o casi nada se hace en favor de las innumerables víctimas. La lucha contra el "bandidismo", esta modalidad degradada de la violencia que hasta 2004 siembra el terror en ciertas regiones, les permite incluso abanderarse del papel de defensores de los valores comunes. Los pocos planes de rehabilitación destinados a zonas en que los campesinos son particularmente numerosos por haber perdido sus tierras y otros bienes, no son equiparables de manera alguna a la esperada reforma agraria. Bajo los auspicios de la Alianza por el Progreso una tímida reforma agraria se esboza en 1961, pero las resistencias que encuentra, y la falta de firmeza por parte del gobierno, la reducen desde muy pronto, y en el mejor de los casos, a un modesto acompañamiento de algunos movimientos de colonización. En síntesis, el Frente Nacional afianzó ante todo el statu quo social y el laisser-faire en el mundo agrario.
Sin embargo los límites inherentes a la fórmula política son los que sobre todo suscitan la protesta de muchos sectores, que no tardan en ver allí una variante de un régimen autoritario e, incluso, un mentiz de la pretensión del régimen de presentarse como un Estado de derecho. El hecho de que se proclame el "estado de sitio" en las coyunturas más diversas, bien sea para gobernar por decreto -hasta 1967 las leyes suponen una mayoría de los 2/3 cuya obtención es una desafío- para hacer frente a las huelgas y otras protestas sociales o, incluso, para resolver los problemas económicos ordinarios, se convierte rápidamente en el símbolo del recurso a lo arbitrario: la excepción se convierte en regla. La represión violenta por la Fuerza Pública, o por agentes privados, de las acciones reivindicativas se produce con mucha frecuencia.
Finalmente, la imposibilidad teórica de que terceros partidos participen en las elecciones no es más que el complemento más visible de este cuadro.
Todos estos aspectos inducen, desde la creación del Frente Nacional, a numerosos sectores radicalizados a proclamar que para transformar la situación no existe vía distinta a la lucha armada. Sólo una minoría se vincula a ella, aunque a finales de los años 1960 esta convicción es compartida por una parte considerable de la opinión. La representación del Frente Nacional como un sistema cerrado y puramente represivo se convierte en una vulgata que se repite indefinidamente.
Sin embargo, es conveniente matizarla. Y para comenzar no confundir los 14 años de 1958 a 1972, durante los cuales la fórmula se encuentra en pleno vigor, con los 18 años siguientes. En esta segunda fase, aunque la fórmula se atenúa parcialmente, el desmoronamiento del sistema y del Estado de derecho es patente. La situación es aún más explosiva dado que, de hecho y no en derecho, se prolonga el monopolio de los dos partidos, y los terceros partidos quedan reducidos a lo mínimo. La vulgata proyecta fácilmente todas las taras de la segunda fase sobre la primera; pero también en este caso las discontinuidades son significativas.
Durante la primera fase la fórmula puede vanagloriarse al menos de algunos éxitos (11). El más importante es haber puesto término a la Violencia de los años anteriores, lo que se traduce en una reducción progresiva de las tasas de homicidios que, en 1971-1972, alcanzan su nivel más bajo. Las pasiones partidistas se aplacan, la repartición "milimétrica" de los puestos disminuye los litigios. La contrapartida de esto es ciertamente un clientelismo que penetra por todas partes y la abstención que alcanza muchas veces proporciones muy elevadas, 60% e incluso más. No obstante, no hay que olvidar que esa abstención fue siempre muy importante, incluso durante el ascenso del gaitanismo, y no siempre se puede equiparar a un rechazo del sistema. Lo más remarcable, por el contrario, es que, incluso desprovistas de pasión, las adhesiones partidistas subsisten y siguen vigentes durante la segunda fase12. Otro éxito reside en una cierta modernización económica, especialmente presente durante el mandato de Carlos Llera Restrepo: influenciado por las teorías de la CEPAL, decidido a eludir las presiones de los partidos con base en el llamado a una tecnocracia muy calificada, no duda en hacer retroceder el modelo liberal de desarrollo y en conferir al Estado un papel motor en la industrialización; trata incluso, (sobre este aspecto volveré más adelante), de relanzar la problemática de la reforma agraria.
No menos considerable son los cambios culturales que se producen. A pesar de sus compromisos con el Partido Conservador y con Rojas Pinilla, la Iglesia Católica figura al comienzo como uno de los pilares del Frente Nacional; sin embargo, no logra poner freno a las evoluciones societales que acompañan las prácticas de control de la natalidad, a los adelantos educativos, a la desprovincialización intelectual y artística. Cuidadosa sobre todo de conservar la disciplina en los rangos de un clero conmocionado por el Concilio Vaticano II, demuestra ser cada vez más incapaz de encuadrar las nuevas masas urbanas (13). Si bien la vulgata es discutible, la razón es precisamente que el Frente Nacional no significa la desaparición de los partidos de oposición política, ni la de los movimientos sociales autónomos. Además de que los dos partidos tradicionales estaban constantemente abocados a divisiones que tenían profundas raíces históricas, el Frente Nacional durante más de diez años se vio confrontado a poderosos partidos de oposición, el MRL primero y la ANAPO posteriormente.
Disidencia del Partido Liberal, conformado desde 1958 por Alfonso López Michelsen, el hijo del líder de la Revolución en marcha", el MRL rechaza el principio de la alternación presidencial, denuncia el inmovilismo social del régimen y aplaude la Revolución cubana en sus comienzos. En 1962, transgrediendo la regla de la alternancia que establecía que el turno correspondía a un conservador, Alfonso López Michelsen se lanza como candidato y
obtiene a pesar de todo una tercera parte de los sufragios. El MRL le ofrece un medio de expresión a sectores contestatarios, en el primer rango de los cuales se encuentran muchos de los antiguos miembros de las guerrillas liberales o comunistas, y los habitantes de las zonas donde estos últimos estaban implantados. Bajo la etiqueta del MRL, el Partido Comunista también participa en las elecciones y logra que salgan elegidos algunos candidatos locales; de esta manera puede salir de la exclusión que lo había golpeado y, lejos de considerar como secundario el trabajo electoral, le otorga la mayor importancia (14). La aventura del MRL termina hacia 1966 cuando Alfonso López Michelsen regresa a las filas del partido liberal. La etiqueta MRL sigue siendo sin embargo la cobertura de muchos sectores de oposición.
Desde el comienzo de los años 1960, otro partido de oposición que se reclama del partido conservador comienza a progresar, la ANAPO, dirigida por el general Rojas Pinilla. Con el recurso a un discurso al mismo tiempo populista y conservador, que asocia la defensa de los intereses más retrógrados con las promesas más demagógicas, logra atraer a partir de 1966 a los sectores urbanos más pobres, algunos de ellos de filiación liberal. Rojas Pinilla asume la candidatura a las elecciones presidenciales de 1970. El resultado causa una verdadera conmoción: logra igualarse con el candidato del Frente Nacional y muchos consideran que sólo gracias al fraude se logró inclinar la balanza en favor de este último. La abstención bajó significativamente y, en una ciudad como Bogotá, el voto constituye la expresión de una polarización como no se había producido nunca desde Gaitán. La ANAPO apenas si logra sobrevivir a este mediano éxito pero, como ocurría durante la movilización gaitanista, una gran parte de las élites descubre con pánico la cólera de las masas. El Partido Comunista desconoce, una vez más, un fenómeno de masas; aunque es cierto que difícilmente se podía adherir a aquel que lo había proscrito y había atacado sus bastiones rurales.
Igualmente los movimientos sociales son extremadamente intensos. A la salida de años de destrucción y represión, las organizaciones sindicales resurgen y multiplican sus acciones: huelgas a menudo muy largas y duras (en el Valle del Cauca, región que acogió muchos de los refugiados, estas huelgas explotan desde 1959), amenazas de huelga general, huelgas de hambre, movimientos de gente sin techo. El régimen hace muchos esfuerzos por conservar el control de las dos confederaciones que agrupan a la mayor parte de los sindicatos, pero otras agrupaciones les disputan el terreno, entre ellas una confederación ligada al Partido Comunista que, sin ser reconocida oficialmente, está muy presente en actividades básicas. Las presiones reivindicativas son tan fuertes que el gobierno muchas veces se ve obligado a hacer concesiones como en 1965, otorgando nuevos derechos sociales. Pero muy a menudo recurre a la represión.
Los enfrentamientos sociales son permanentes, como es de esperar en las regiones rurales. Los múltiples flujos de colonización hacen que las litigios alrededor de los baldíos y de las condiciones de los asalariados agrícolas sean recurrentes. La ocupación de Urabá a finales de los años 1960, favorecida por el auge de las plantaciones bananeras, constituye una ilustración: quince años después la región se va a convertir en uno de los peores escenarios del conflicto armado. Pero la movilización campesina más impresionante es la que se desarrolla de 1972 a 1975, sobre todo en los departamentos de la zona Caribe que sufrieron relativamente poco la Violencia. Esta movilización agrupa a campesinos que el gobierno de Carlos Lleras Restrepo organizó con el nombre de Asociación de Usuarios Campesinos, para relanzar la reforma agraria. El movimiento escapa rápidamente a las manos de sus iniciadores y emprende una campaña sin precedentes de ocupación de los terrenos de ganadería: se estima en cerca de 100.000 el número de participantes y en más de 500 el número de terrenos ocupados en 197115. Sin embargo, en 1993-1994, el movimiento comienza a dislocarse. A la represión brutal -decenas de muertos -le corresponde la mayor responsabilidad. Pero la heterogeneidad de los campesinos implicados, y las rivalidades entre las vanguardias maoístas, trotskistas, etc. que se disputaban la dirección, tienen también su parte en un desenlace que permite al gobierno abandonar cualquier tipo de proyecto de una verdadera reforma agraria. Hay que observar que una vez más el Partido Comunista no quiso vincularse a un movimiento de masas: rechazando el "aventurerismo" de otras vanguardias, prefiere desligarse de las corrientes radicales de la ANUC y apoyar
una línea moderada.
6. La revolución cubana y el nacimiento de las guerrillas
Si la vulgata sobre el Frente Nacional se impuso ampliamente es porque la instauración de la fórmula coincide prácticamente con el triunfo de la Revolución cubana. En muchos lugares de América Latina surgen movimientos sociales de izquierda y, poco después, núcleos de guerrilla que temprano o tarde ofrecen el pretexto para la organización de regímenes autoritarios. La experiencia de la Violencia y de la lucha guerrillera parece designar a Colombia como un escenario particularmente favorable para la formación de nuevas guerrillas, esta vez resueltamente revolucionarias.
La administración norteamericana, decidida a poner a raya por todos los medios la influencia cubana, y los dirigentes del Frente Nacional, más alineados que nunca en sus recomendaciones, comparten la aprehensión de que esto debe ser así. Aunque las Fuerzas Armadas colombianas siguen siendo particularmente débiles a pesar de la participación de una de sus unidades en la guerra de Corea, tienen toda la libertad para actuar contra la "subversión": la otra fase del "civilismo" es que en efecto el poder civil no interfiera con el "mantenimiento del orden", tal como Alberto Lleras Camargo lo había proclamado al inicio del Frente Nacional.
Desde 1959-1960 aparece entre la juventud universitaria, en particular, una efervescencia de ideas radicales. Todos los que allí están implicados no provienen de las clases populares. De un día para otro jóvenes provenientes muchas veces de medios tradicionales se vinculan con diversas ideologías de ruptura, el guevarismo en primer lugar, y luego el maoísmo, el trotskismo u otros "ismos". En muchos sentidos, esta radicalización da la sensación de una conversión religiosa con todo el sectarismo que de allí resulta: los hijos de familias laureanistas no son los últimos en adherirse a todas las corrientes en boga.
Algunos no tardan, en aplicación de las teorías de los focos guevaristas, en crear efectivamente núcleos guerrilleros a la espera de poder vincular antiguos guerrilleros de la Violencia. Uno de los ejemplos más precoces es el MOEC (Movimiento Obrero Estudiantil Campesino) que lanza varias iniciativas improvisadas que fracasan casi en seguida: el asesinato en 1961 del líder del MOEC, Antonio Larrota, por un guerrillero de la época anterior, simboliza el hecho de que no hay continuidad entre los dos momentos de las guerrillas. Otros núcleos instalados en las lejanas periferias no tienen mejor suerte. A mitad de los años 1960 se forman en contrapartida organizaciones de guerrilla que en las décadas siguientes confieren a la lucha armada un rol central: las FARC, fieles al Partido Comunista ortodoxo; el ELN que se reclama del guevarismo; el EPL que reivindica tesis maoístas. Un poco más tarde, después de las elecciones de 1970, el M-19 aparece con un rechazo del dogmatismo y un llamado sobre todo a un nacionalismo bolivariano.
Todas estas organizaciones, con excepción del M-19, se implantan en zonas rurales y hacen el esfuerzo por apoyarse sobre su reciente pasado de resistencia y en algunos de sus antiguos líderes. No obstante, sólo las FARC disponen de sólidas bases campesinas formadas en varios años en las estrategias de autodefensa.
El ataque brutal lanzado en 1964 por el Ejército contra la base de Marquetalia y, posteriormente, contra otras colonias campesinas encuadradas por los comunistas, estigmatizadas como "repúblicas independientes", marca un giro importante. Si bien las víctimas de estos ataques son poco numerosas, el acontecimiento refuerza las estrategias de autodefensa y su aplicación por parte de las poblaciones de colonos obligados a desplazarse16. También es el punto de partida del relato heroico que Manuel Marulanda y Jacobo Arenas, ambos líderes, van a escribir y que se va a convertir en el breviario de sus reclutas. Oficialmente las FARC se constituyen como tales en 1966; sin embargo se impone el relato de las FARC según el cual el conflicto armado comienza en 1964. Este relato se
vuelve casi oficial y es el que permite decir en 2014 que Colombia esta viviendo un conflicto de cincuenta años.
Sin embargo, las FARC conservan durante largo tiempo su estrategia de autodefensa. Durante diez años sólo llevan a cabo raras acciones ofensivas contra el ejército y permanecen subordinadas a un Partido Comunista consagrado a seguir las orientaciones del partido soviético. Desconfiado con respecto a todos los "aventurerismos", el Partido también desconfía de las proclamaciones de la Conferencia tricontinental de la Habana en 1967: la fría acogida que allí se da a sus enviados muestra que el Partido es considerado "revisionista". Ciertamente, se vanagloria de haber adoptado desde 1961 la tesis de la "combinación de todas las formas de lucha". Pero sigue considerando los núcleos campesinos en armas sobre todo como un apoyo político y como una protección en caso de necesidad. Lo esencial para el Partido sigue siendo extender su presencia en el mundo obrero y mejorar los resultados que obtiene en las elecciones. Por lo demás, las corrientes radicales y las nuevas organizaciones guerrilleras comparten a menudo la misma crítica con respecto al Partido Comunista. Uno de los puntos de desacuerdo remite a la participación electoral del Partido. La ruptura sino-soviética contribuye a agregar un factor de más a estos antagonismos. Entrenado en sus comienzos en Cuba, el ELN se conforma sobre todo con el modelo del "foco".
La vinculación de Camilo Torres y de muchos otros sacerdotes, algunos españoles, le garantiza un prestigio seguro. Aunque obtiene apoyos en el mundo urbano, no por ello deja de privilegiar la acción local entre los campesinos y se muestra mucho más ofensivo que las FARC. El sectarismo de su líder conduce sin embargo a múltiples ejecuciones internas y, finalmente, a su aislamiento. En 1973, una operación militar casi logra su desaparición, y sólo cuarenta de sus combatientes logran escapar. Queriendo seguir el modelo de la Larga Marcha de Mao, el EPL concentra sus esfuerzos en el campesinado de las zonas de San Jorge y del Sinú, al que incita a renunciar a los intercambios mercantiles. Este grupo muy pronto da marcha atrás debido a la represión militar, pero también a la crisis de la ANUC y a las reticencias que encuentra en el campesinado.
El balance de la lucha armada a finales de los años 1970, tanto militar como política, no es pues halagador en esta fecha. Las FARC sólo cuentan con un poco más de 900 combatientes, provistos de un armamento rudimentario. En contradicción con lo que los partidarios de la lucha armada habían previsto, las secuelas de la violencia no habían sido suficientes para provocar la vinculación en masa de las poblaciones campesinas de la región donde las guerrillas se habían implantado. Al contrario de lo que se supone, la experiencia de la Violencia no predispone a la población campesina a adherir a la perspectiva de otra experiencia de lucha armada, salvo en pocos casos. No es casualidad que a finales de los años 1970 la única guerrilla que alcanza a impactar la opinión publica sea el M-19, en los momentos en los que lanza operaciones urbanas.
Sin embargo, es el momento en que se abre la segunda fase del Frente Nacional caracterizado por el descrédito creciente del sistema. Las decepciones que se manifiestan durante el mandato de Alfonso López Michelsen son tan intensas como las esperanzas que había despertado su elección en 1974. A pesar de algunas medidas destinadas a responder a las expectativas populares, como el reconocimiento de la CSTC, la confederación liberal comunista, el desmantelamiento del Instituto de Reforma Agraria, la apropiación de la fuerte alza coyuntural de los precios del café por los mayores cultivadores, la aceleración de la inflación, contribuyen a crear un profundo malestar social. A todo esto hay que agregar el flujo creciente de capitales "dudosos" que irrigan la economía legal con la bendición del gobierno. Huelgas y movimientos urbanos (las huelgas cívicas que exigen una mejora de los servicios) se multiplican17. Este malestar desemboca en el 14 de septiembre de 1977 en una huelga general apadrinada por todas las grandes centrales sindicales y que, en algunos barrios, toma el aspecto de una insurrección, reprimida a sangre y fuego. Calificada como "pequeño 9 abril" por López Michelsen, el acontecimiento es interpretado por una parte de las élites como un síntoma de los avances de la "subversión". El endurecimiento de las medidas de excepción, iniciado por López Michelsen, es continuado por su sucesor Julio César Turbay: el "Estatuto de seguridad" adoptado en 1978 permite la detención de los los sospechosos de rebelión, y abre la vía a la banalización de la arbitrariedad. La medida golpea en particular a los sospechosos de simpatía con el M-19.
De forma paralela, los partidos tradicionales pierden la poca cohesión que conservaban. La abstención alcanza muchas veces cifras récord, como en Bogotá en las elecciones para el Congreso en 1976, que llega al 80 8%. En lugar de los dirigentes históricos y de los notables de larga trayectoria se imponen potentados regionales, denominados "barones", que conforman inmensas clientelas sobre la base de múltiples gratificaciones y algunas veces de la intimidación. Las elecciones nacionales se desarrollan ahora con base en las transacciones con estos barones y en ellas la disponibilidad de recursos financieros es central. Éste no es más que uno de los aspectos del derrumbamiento institucional asociado
en particular el narcotráfico.
De todas formas es importante observar que movilizaciones sociales y luchas armadas tienden a evolucionar en sentido opuesto. Las primeras no dejan de progresar mientras que las segundas tienden a disminuir. Al menos esto prueba que no necesariamente marchan de acuerdo y que la lucha armada no es un proceso continuo: en 1975 su fortalecimiento futuro no es fácilmente previsible.
II. Narcotráfico, conmoción institucional y expansión del conflicto armado
1. La irrupción del narcotráfico como nuevo contexto
El principal factor de la mutación es, a nuestros ojos, la expansión del tráfico de drogas. La mayor parte de los análisis mencionan este factor pero como uno entre otros y sin ponerlo en el centro de la problemática, como si se corriera el riesgo de atenuar el carácter político del conflicto armado, incluso de apoyar la visión de Álvaro Uribe según la cual el conflicto se reduce a un fenómeno masivo de delincuencia. O como si esto significara justificar la "guerra contra las drogas" de la que se conoce el fracaso y las consecuencias desastrosas. Sin embargo es difícil negar que el narcotráfico tiene una responsabilidad fundamental en en el fortalecimiento de todos los protagonistas que intervienen en el conflicto armado, los narcotraficantes en primer lugar, pero también las guerrillas, los paramilitares, las bandas de criminalidad organizada. Sin duda, el tráfico de droga no es el único elemento a considerar: el auge de otros recursos, como la explotación petrolera y minera garantiza también el reforzamiento de estos actores, como lo ilustra el ejemplo del ELN. Esto también puede hacerse extensivo a la consolidación de una agricultura que descansa en capitales nacionales e internacionales y que está empeñada en eliminar todas las trabas. Esta proliferación de nuevos recursos es inseparable de una transformación espacial: la economía colombiana se desarrolla a partir de nuevas periferias que corresponden a los polos de producción que aparecen, y estas periferias escapan ahora más que nunca a la influencia del Estado central.
No por ello suscribimos el razonamiento de Paul Collier para el cual los conflictos armados internos recientes remitirían a los beneficios ligados a la apropiación de bienes primarios más que a finalidades sociales, políticas o ideológicas. Este reduccionismo deja de lado la complejidad de las situaciones. Nos parece indispensable hacer un rodeo por las conmociones institucionales provocadas, en primer lugar, por la economía de la droga. Los primeros signos de esta economía aparecen, como ya lo he afirmado, desde mediados de los años 1970, cuando comienza a formarse; en ese momento se trata sobre todo de la marihuana que pasa relativamente desapercibida. Sin embargo en ese mismo momento la corrupción progresa, la porosidad entre lo legal y lo ilegal se incrementa, las disposiciones que ponen en entredicho el Estado de derecho se acumulan. Progresivamente el dinero sucio toca a todos los sectores e irriga porciones enteras de la economía oficial. El universo del consumo se amplía más allá de sus habituales participantes. Un personaje como Pablo Escobar llega en un momento dado a encarnar un modelo de éxito y a estimular un tipo de ilusión populista y nacionalista. Si bien este dinero ayuda a Colombia a evitar los efectos de la "década perdida" de los países vecinos, el costo político se demuestra exorbitante. Sin embargo, esto no es nada con relación a lo que se produce en los años 1980.
El terrorismo, ciego o selectivo, promovido por el cartel de Medellín sobre todo para bloquear las medidas de extradición, logra hacer tambalear el régimen. La estrategia de corrupción promovida por su homólogo de Cali tiene efectos no menos perversos. El derrumbamiento institucional se traduce en la parálisis de sectores enteros del aparato judicial bajo los efectos del terror y de la corrupción; en la colusión de miembros de la clase política, de los servicios secretos (DAS etc.) y de las fuerzas del orden con los traficantes; y en la multiplicación de las organizaciones propiamente paramilitares. Se va conformando de esta manera un archipiélago de poderes de hecho en el cual se entrecruzan fuerzas legales e ilegales.
A mediados de los años 1980, este conjunto de actores empieza a golpear a los defensores de los derechos humanos y a personajes políticos de primer plano. En solo dos años, entre 1989 y 1990, tres candidatos a las elecciones presidenciales son asesinados entre ellos Luis Carlos Galán, el favorito. El narcotráfico provoca al mismo tiempo trastornos sociológicos de una amplitud sin precedentes en el mundo urbano; se difunde entre los jóvenes de los barrios desfavorecidos una cultura de la violencia en la vida cotidiana, estimulada por Pablo Escobar, que distribuye primas entre los sicarios y recompensas por el asesinato de un policía. En 1990- 1991 la tasa de homicidios de Medellín alcanza un récord mundial. El contenido político de esta cultura no es de por si evidente. Las bandas juveniles de Medellín aparecen, según los momentos, como simples pandillas y combos que hacen la guerra a las de los barrios vecinos, como milicias vinculadas a las guerrillas y, más adelante, como auxiliares de los paramilitares.
Al impacto del narcotráfico se agrega a finales de los años 1970 el del M-19. La coyuntura internacional no es ajena a este hecho. La victoria sandinista y los conflictos en América Central dan un nuevo impulso a los movimientos revolucionarios. En contraposición con las guerrillas que lo precedieron, el M-19 pretende no solo actuar en las ciudades sino también llevar a cabo iniciativas espectaculares, al estilo de los tupamaros, para de esta manera enfrentar militarmente la fuerza pública. Con el rechazo a cualquier tipo de sectarismo, el M-19 tiene éxito en un trabajo de seducción de los sectores más heteróclitos, desde los pertenecientes a las periferias urbanas hasta las clases medias y las fracciones de la élite intelectual. De mejor manera que otras guerrillas, logra difundir la visión de un Frente Nacional como versión local de los regímenes autoritarios, que no dejan otra salida que la lucha armada. Las prácticas que inaugura, por lo demás, como el recurso frecuente a los secuestros, pasan casi desapercibidas al igual que sus colaboraciones ocasionales con los narcotraficantes. En coincidencia con el terror producido por estos últimos, los golpes espectaculares que el M-19 lleva a cabo contribuyen de hecho a minar la poca legitimidad que el régimen conserva. El desastre de la operación de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia marca ciertamente el final de su popularidad, pero la manera como las fuerzas armadas intervienen empañan aún más la imagen del régimen y de los militares.
La conmoción institucional deja el campo libre a todos los sectores que disponen de capacidad militar. Los narcotraficantes, obviamente, que inauguran repertorios de prácticas violentas que no se habían vuelto a presentar desde la Violencia, y que los utilizan no sólo contra sus "adversarios" sino también para arreglar cuentas entre ellos; los paramilitares que, de grupos dispersos formados por los narcos, se convierten muy rápidamente en fuerzas más o menos coordinadas que sirven de instrumento o de prolongación a los narcos; sectores de la fuerza pública y de la clase política local cuyos miembros encuentran en la colusión con los paramilitares la forma de hacer frente a todo lo que consideran signo de la subversión, como es el caso de la zona de Puerto Boyacá, que permite apreciar las alianzas que se tejen; pero sin olvidar las guerrillas, que amplían su presencia territorial y su capacidad militar.
Todo esto marca ciertamente el comienzo de la nueva era. Los elementos de continuidad no faltan evidentemente. Los que provienen de los rastros de la Violencia o son consecuencia de la precariedad del Estado siguen presentes; los que son resultado de las desigualdades sociales y de la concentración de la tierra se agravan cada vez más, al igual que la desorganización social, que toca no solamente a las nuevas periferias rurales sino también a las periferias urbanas. En este sentido, las discontinuidades son patentes. La más evidente es que la división de los partidos tradicionales juega ahora un rol muy secundario y, en consecuencia, el conflicto no compromete de entrada a la mayoría de la población. De esta manera no tiene sentido hablar de "guerra civil": puede ser que, según los criterios internacionales, el número de asesinados entre los combatientes justifique el uso de esta denominación, a fortiori, cuando se considera la enorme cantidad de víctimas civiles. Sin embargo, no se trata de un conflicto que se apoye en motivaciones religiosas, étnicas o regionales. Y cuando es posible la población civil se esfuerza más bien por quedar por fuera del conflicto. Otro elemento de discontinuidad es que los "factores objetivos" ya sólo tienen un impacto indirecto: se constituyen como tales a través de las estrategias de los actores que de ellos se reclaman y los incorporan a su argumentación y a sus objetivos. Por lo demás, diversos trabajos establecen que la violencia proteiforme, llamada "ordinaria", como la que aparece en las tasas de homicidios, está ampliamente correlacionada con la implantación de las organizaciones armadas.
De todas maneras, el aumento del poder de las FARC es inseparable del auge de la economía de la coca durante los años 1980-1990. Su implantación en el sur y en el oeste del país contribuye, por lo demás, al desarrollo de los cultivos, porque los protege contra las incursiones de la fuerza armada. Además, gracias a esta actividad, la guerrilla se dota de una base social mucho más amplia que la que tenía hasta ese momento. Protege y encuadra millares de personas que, atraídas por el espejismo de los ingresos de esta economía, evitan de esta manera estar sometidos, como había ocurrido en un comienzo, a una situación de anomia o a los abusos de los traficantes. Las JAC (Juntas de Acción Comunal) permiten con mucha frecuencia a las FARC asumir las demandas de los habitantes. Hay que observar que las FARC obtienen de esta actividad recursos financieros importantes, porque ya no se contentan con impuestos a los cultivadores. La "guerra contra las drogas", impulsada por Estados Unidos, tiene por efecto la disminución de la producción en Bolivia y Perú y permite a Colombia convertirse, hacia 1974, en el mayor productor de cocaína, sin dejar de servir de intermediario en el tráfico. Las FARC, que controlan de manera accesoria plantaciones de amapola mucho más modestas tienden a intervenir cada vez más en todas las etapas de la formación y la comercialización de la cocaína, con excepción de las rutas de acceso a los mercados de consumo.
Al hacer esto las FARC entran en competencia con los narcotraficantes que, por su lado, controlan la actividad hasta el final. Durante un tiempo, no falta la cooperación entre ellos. Los laboratorios y las pistas de los narcos se instalaban muy a menudo en las zonas de las FARC, que exigían el pago de comisiones. La venta local de los productores vinculados con la guerrilla se efectúa en las cabeceras municipales, controladas por los traficantes. Pero esta cooperación termina por atenuarse desde el momento en que los paramilitares emprenden una guerra abierta contra las guerrillas.
Los ingresos de las FARC provenientes de la droga se vuelven considerables, sobre todo si se agregan los que obtienen por la extorsión y los secuestros, convertidos en práctica rutinaria y que, en ciertos años, reportan tanto como la coca. Su expansión no tiene, pues, nada de sorprendente. Sabemos que durante su VII Conferencia en 1982 agregaron las letras EP (Ejército del Pueblo) a su acrónimo y adoptaron un plan estratégico orientado a tomarse el poder en ocho años. Aunque el ELN se niega durante este período a implicarse en la droga y se esfuerza en muchos lugares por organizar la población, beneficiándose muchas veces de las simpatías del clero local, los recursos que extrae de la extorsión a las compañías mineras le permiten realizar por su lado numerosas acciones armadas. Incluso a finales de los años 1980 estas últimas son más frecuentes que las de las FARC. Por el lado del EPL hay que observar que su implantación en la zona bananera de Urabá se traduce también en un aumento de su poderío.
Los avances de la guerrilla están ligados a su diagnóstico sobre el estado de espíritu de las "masas" y el sistema político. No dudan en afirmar que las masas están próximas a una insurrección general y que el sistema político es tan pervertido que su única posibilidad es
el derrumbe.
2. El bloqueo de la vida política: el exterminio de la UP y la ofensiva de los paramilitares
Estas perspectivas explican por qué las FARC deciden comprometerse de manera simultánea en el terreno propiamente político.
En el marco del "proceso de paz" lanzado por el gobierno de Belisario Betancur en 1982, se firma un cese al fuego en 1984 con las principales guerrillas, con excepción del ELN. Si bien el M-19 y el EPL lo rompen muy pronto, las FARC se atienen a él oficialmente hasta 1987. Con la creación en 1985 del nuevo partido de la Unión Patriótica (UP), en colaboración con el Partido Comunista, las FARC manifiestan claramente su voluntad de crear una fuerza política. Diversos comandantes de las FARC toman parte en este nuevo partido y diversos sectores de la izquierda se adhieren igualmente. En poco tiempo la UP obtiene éxitos importantes. En alianza con el Partido Comunista logra cinco curules de senador y nueve de representantes a la Cámara. En las elecciones locales de 1988, las primeras que se realizan bajo la modalidad del sufragio universal, conquistan 23 alcaldías y sacan numerosos concejales municipales, en particular en Urabá y en el sur del del país e, incluso, varias curules en el Congreso. Estos logros son suficientes para provocar la preocupación de gran parte de la clase política.
La experiencia se convierte a partir de ese momento en una tragedia sin precedentes. Los grupos paramilitares, secundados por miembros de las fuerzas del orden y por políticos de todos los niveles, emprenden el exterminio sistemático de los cuadros y los militantes de la UP. Los estimativos con respecto al número de víctimas oscilan alrededor de 2.500, entre los cuales figuran la mayor parte de los elegidos, incluyendo los elegidos al Congreso, los presidentes de la organización, innumerables dirigentes sindicales y líderes campesinos, toda una generación de jóvenes militantes. A través de la UP, el Partido Comunista queda también gravemente debilitado.
La masacre termina convenciendo a las FARC de que no tienen otra opción que la vía militar, ya que se han dado cuenta de la magnitud de la oposición del ejército al cese al fuego. El gobierno, al autorizar una operación contra la sede del Secretariado de las FARC el 9 de diciembre de 1990, el día mismo de la elección a la Asamblea Constituyente, no hace otra cosa que reafirmarlas en esta convicción.
Además, las ambigüedades del Partido y de las FARC contribuyen para que estos asesinatos en serie no despierten una indignación muy grande en la opinión. El Partido había reiterado permanentemente la tesis de la "combinación de todas las formas de lucha". Las FARC se aprovechan del cese al fuego para multiplicar sus frentes. Su ideólogo Jacobo Arenas afirma públicamente que la intervención política está subordinada al plan militar. El crecimiento del número de secuestros, a pesar de los compromisos asumidos por Manuel Marulanda, provoca fuertes reacciones. Por lo demás, cierta distancia es cada vez más perceptible entre las FARC y algunos sectores del Partido y de la UP. La opción de las FARC de dar prioridad a una estrategia militar, que ya no tiene que ver con la autodefensa, y de tomar en sus propias manos la definición de su orientación política, marca de hecho la ruptura con el papel dirigente que atribuían anteriormente al Partido.
3. Las consecuencias desilusionantes de las reformas políticas de 1991
Sin embargo, alrededor de los años 1990 la coyuntura parece favorable a una terminación de la lucha armada. En primer lugar, debido a la coyuntura internacional. La caída del muro de Berlín significa el derrumbamiento de la ortodoxia comunista. El maoísmo, convertido en simple modo autoritario de gestión, ya no produce ningún entusiasmo. La guerra salvadoreña está en proceso de terminación y la guerrilla guatemalteca da signos de agotamiento. Al continuar su lucha, las guerrillas colombianas corren el riesgo del aislamiento, dado que su combate no tiene el mismo eco en el exterior que estos movimientos.
En segundo lugar, debido a la coyuntura nacional. Con la convocatoria de una Asamblea Constituyente en 1990, los gobiernos de Virgilio Barco y de César Gaviria, logran concretar la desmovilización del M-19, de la mayor parte del EPL y de organizaciones de una influencia menor como el Quintín Lame y pequeños grupos. Un sector del ELN, la Corriente Socialista, hace lo propio en 1994. Los hechos no dejan de ser asombrosos. La respuesta del régimen a las múltiples amenazas que lo rodean no es un nuevo endurecimiento autoritario sino la adopción de una nueva carta que, no contenta con borrar los rasgos de la Constitución de 1886 y del Frente Nacional, favorece una amplia apertura democrática y sienta las bases de un "Estado social de derecho", que garantiza los derechos individuales, reconoce las minorías culturales, reorganiza el aparato judicial, estimula el pluralismo político con la promoción de nuevos partidos, crea mecanismos de democracia participativa, refuerza las medidas de descentralización, hasta hacer de Colombia una de las naciones donde esta última ha llegado más lejos. En muchos sentidos esta mutación constitucional se asemeja a la que se presenta en los países de América del Sur, que habían salido de los regímenes autoritarios. La esperanza es aún más grande ya que el M-19, recién desmovilizado, se metamorfosea en un partido político que juega un papel importante en la Constituyente y tiene posibilidades de convertirse en un tercer partido influyente. Muchos de los motivos de las luchas guerrilleras parecen desvanecerse.
La lucha armada, por el contrario, recomienza de manera más intensa. A pesar de los dos encuentros del gobierno con las FARC para volver a lanzar un proceso de paz, en Caracas en 1991 y en Tlaxcala (México) en 1992, el conflicto conoce una escalada continua y cada vez más atroz.
Las guerrillas pueden argumentar diversos motivos. Las reformas políticas no habían estado acompañadas de reformas sociales significativas. El fuerte incremento del gasto público tiene pocos efectos visibles: la descentralización hace que este gasto se reparta entre múltiples entidades territoriales que se preocupan prioritariamente por sus clientelas. Favorecido por la multiplicación de los micro partidos, el clientelismo florece más que nunca. Las reformas políticas coinciden con medidas de apertura de la economía que conllevan la pauperización de sectores del campesinado pequeño y mediano, y favorecen al mismo tiempo la reconversión de las haciendas en ganadería extensiva. Aunque el modelo liberal de desarrollo, en agonía desde los años 1970, está bien enterrado, el "giro neoliberal" garantiza a las más poderosas empresas condiciones de expansión y representa por sí mismo una amenaza de acentuación de las desigualdades: la denuncia del "neoliberalismo" se convierte en uno de los leit motiv de la izquierda. La corrupción no retrocede, por el contrario, durante cuatro años Colombia sobrevive con un presidente, Ernesto Samper, acusado de haber sido elegido gracias al financiamiento del cártel de Cali. Una vez más las instituciones parecen estar punto de derrumbarse.
4. La agudización del conflicto de 1990 a 2005
A partir de 1990 la escalada del conflicto se vuelve cada vez más intensa. No vamos a entrar aquí en detalles, sino a resumir las diferentes fases. Lo más importante es mostrar las estrategias de sus protagonistas y el rol del Estado. En 1993, durante la octava conferencia, las FARC ratifican la opción militar, que se concretiza en una ofensiva de una envergadura impresionante, de la que hacen parte las acciones para reforzar su presencia territorial en el norte del país, el plan de encerramiento de las principales metrópolis, el ataque contra las instalaciones militares o policiales con el empleo de cilindros de gas y todos los daños "colaterales", que de allí resultan, las operaciones masivas que comprometen centenares de guerrilleros contra unidades militares, la captura de centenares de "prisioneros" militares.
Además, de 1997 a 2002, las FARC se empeñan en la conformación de "territorios liberados" en el sur del país, que son concebidos como el punto de partida de un "doble poder", con base en la eliminación o en la expulsión de las autoridades legales y los miembros de los partidos vinculados con el régimen. El número de asesinatos perpetrados en esta perspectiva hace eco a los cometidos poco antes en otras regiones contra los militantes de la UP18. El éxito es tal que amplios sectores de la opinión estiman que las guerrillas pueden llegar efectivamente, tarde que temprano, al poder. La apertura de negociaciones por el gobierno de Andrés Pastrana no es pues sorprendente: satisfacer las exigencias de las FARC de desmilitarizar una zona de 42.000 km² en el Caguán es algo que parece inscrito en el orden de las cosas y al comienzo sólo produce una indignación modesta.
Las Fuerzas Armadas dan prueba en este período de una impreparación para hacer frente a acciones de estas dimensiones; mal entrenadas, desprovistas de armas modernas y de visión estratégica, parecen estar constantemente a la defensiva. Por ello no es sorprendente que establezcan una colusión con los grupos paramilitares, cerrando los ojos sobre sus exacciones o tomando parte en ellas. El fortalecimiento de los paramilitares es también otra característica del conflicto. Desde el comienzo los narcotraficantes están en el primer plano como sus promotores. Esta influencia se acentúa cada vez más. A comienzos de los años 1990 están a la cabeza de las fuerzas que, después de haber desalojado la guerrilla de Urabá, lanzan incursiones contra los feudos de las FARC en el sur, al igual que contra los feudos del ELN en el Magdalena Medio. Un paso adelante se da también cuando Carlos Castaño, un antiguo miembro del cartel de Medellín, comienza a coordinar los diversos grupos con el objetivo de reconquistar gran parte del territorio, con base en la creación, en 1996, de las ACU (Autodefensas Campesinas de Córdoba Unidas), y después, en 1997, de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). Los métodos empleados son en todas partes los mismos: no tanto el enfrentamiento directo con las guerrillas sino el terror contra la población, las masacres, las desapariciones forzadas, los desplazamientos masivos.
Las negociaciones del Caguán se prolongan durante más de tres años. Salvo en esta región, las negociaciones no obstaculizan la continuación de las acciones militares ni las operaciones guerrilleras. De hecho, el verdadero cambio tiene que ver con las Fuerzas Armadas: la adopción por parte de Estados Unidos del Plan Colombia va a la par con una ayuda financiera -sobrepasada sólo por la ayuda otorgada a Israel y Egipto- y por el crecimiento del presupuesto de defensa colombiano. En principio destinada únicamente a la lucha contra el narcotráfico, la ayuda norteamericana es rápidamente puesta al servicio del combate contra las guerrillas. Las Fuerzas Armadas se ven dotadas en poco tiempo de medios aéreos y de una capacidad de movilidad nueva.
Los efectos militares de todo esto se hacen sentir rápidamente. En un momento en que las guerrillas consideraban la posibilidad de pasar a una fase de guerra de movimientos, se ven obligadas a regresar a los métodos de la guerra de guerrillas. Sin embargo, el fracaso de las negociaciones del Caguán tiene para las FARC un costo político muy alto. En ningún momento supieron capitalizar un discurso que sedujera la opinión y, como durante el cese al fuego de 1984, dejaron la impresión de que buscaban ante todo la continuación de la guerra. Desde su distanciamiento con el Partido Comunista y la destrucción de la UP, se hizo cada vez más evidente que dejaban de lado cualquier tipo de trabajo de persuasión política: si bien a partir de 1993 intentaron impulsar organizaciones como el Movimiento Bolivariano, el Partido Comunista Clandestino (PC3) o las milicias bolivarianas, la misma clandestinidad en la cual se mantenían les impidió ensanchar su influencia mucho mas allá del circulo de la misma guerrilla (19). La inmensa mayoría de la opinión imputa a las FARC la responsabilidad del fracaso del Caguán. Sin embargo, esto no es nada con respecto a la rabia que provocan los secuestros, resultado de sus acciones: su número alcanza una cifra récord entre 2000 y 2002, y muchos se llevan a cabo al azar de los bloqueos de las carreteras –las llamadas cínicamente "pescas milagrosa"-; otros resultan de la aplicación de una "ley" de la guerrilla contra los privilegiados; otros finalmente son propios de una nueva categoría, los "secuestros políticos", orientados a facilitar, llegado el momento, el reconocimiento internacional de las FARC como "parte beligerante". Ninguna otra práctica contribuye tanto al rechazo de la guerrilla, hasta el punto de que logra incluso ocultar el horror de los innumerables crímenes perpetrados en ese mismo momento por los narco paramilitares, que incluso son aprobados silenciosamente. Los paramilitares ampliaron cada vez más, y con total impunidad, su intervención en casi todo el país.
De esta manera se explica tanto la elección fácil de Álvaro Uribe en 2002, crítico constante de las negociaciones del Caguán, como su reelección, en condiciones cuestionables, en 2006. Con el impulso de la llamada del "Política de seguridad democrática", Uribe afirma
que es posible terminar con las guerrillas apelando al recurso exclusivo de la fuerza militar.
Al tratarlos como simples delincuentes o terroristas se niega a reconocerles el más mínimo carácter político.
Durante sus dos mandatos, Álvaro Uribe goza de una popularidad sin precedentes, que proviene sin dudas de su capacidad para producir la apariencia de una democracia directa: en los "consejos comunitarios", que reúne cada semana en los municipios más marginales de Colombia, trata los problemas de la "gente" sin pasar por ningún intermediario político.
La popularidad proviene sobre todo del hecho de referirse constantemente a un doble adversario, la guerrilla y la Venezuela chavista, acusada de ser su cómplice, y de poner en escena la oposición "amigo-enemigo". Al hacer esto conjuga dos elementos del populismo: la relación entre el líder y su auditorio y la fibra nacionalista. Sin embargo, las medidas de igualdad social están ausentes, ya que su gestión favorece deliberadamente a los más privilegiados y los valores más conservadores. Pero las guerrillas están evidentemente en dificultad: en los conflictos internos, la correlación de fuerzas políticas cuenta tanto como la correlación de fuerzas militares.
A pesar de la modernización de las Fuerzas Armadas, las guerrillas continúan con sus acciones y sólo alrededor de 2008 comienzan a sufrir reveses notables: su jefe histórico, Manuel Marulanda, muere de muerte natural, varios comandantes son dados de baja, y la serie negra continúa hasta 2011. En particular el "Mono Jojoy", uno de los comandantes de guerra de la región oriental, y Alfonso Cano, el sucesor de Marulanda, caen uno tras otro.
De esta manera las FARC deben replegarse hacia zonas en las que ejercen un mayor control y concentran sus esfuerzos en las zonas más recientes de cultivo de droga y en los "corredores estratégicos", por los que transportan la cocaína y las armas. El narcotráfico, en el que ya se encuentra implicado igualmente el ELN, sigue desempeñando un papel fundamental y constituye uno de los elementos en juego en la lucha con los paramilitares o con las bandas que toman su relevo. En muchos lugares el conflicto conoce sin embargo un proceso de degradación. Guerrilleros, narcotraficantes, bandas paramilitares alternan entre cooperación y enfrentamientos en ciertas rutas de comercialización. FARC y el ELN se entregan en diversos frentes en una verdadera guerra con un saldo de centenares de muertos. Para llenar los vacíos dejados por los múltiples abandonos y por las deserciones - los efectivos de las FARC pasan de 19.000 combatientes en el momento cumbre de su ofensiva a 8.000 o 9.000- siguen recurriendo, y más que antes, al reclutamiento de menores (20).
En ese momento comienzan a aparecer muchos escándalos que comprometen a Álvaro Uribe y su entorno inmediato. Criticado por el maltrato a las instituciones judiciales, Uribe es sospechoso sobre todo de haber dejado el campo libre a los grupos paramilitares, incluso de haber contribuido a su expansión. La revelación de la "parapolítica" -un porcentaje elevado de los miembros del Congreso y de los elegidos regionales que debían su elección de manera exclusiva a la contribución de los paramilitares -, y el apoyo sin fallas que otorga a los cuadros militares más comprometidos, afectan su imagen. Nombra como director del DAS a alguien que poco después se descubre que está directamente
vinculado con una de las peores organizaciones paramilitares; y como encargado de la seguridad presidencial a dos generales que aparecen relacionados poco después con los paramilitares y el narcotráfico. No obstante, Uribe emprende oficialmente entre 2003 y 2005 la desmovilización de las organizaciones paramilitares y toma como punto de referencia esta iniciativa para desmentir las acusaciones. Pero las condiciones en las que estas desmovilizaciones se efectúan son denunciadas ampliamente por los defensores de los derechos humanos (21); diversas organizaciones siguen en actividad o se convierten en bandas que ahora se consideran criminales -Bacrim"–, que siguen provocando importantes desplazamientos forzados y asesinando líderes sociales. Un nuevo escándalo, llamado de Álvaro Uribe decide extraditar a Estados Unidos varios de los paramilitares más conocidos, y de esta manera los sustrae a la justicia colombiana.
La cuestión de la responsabilidad del Estado durante el conflicto queda claramente planteada a partir de este momento.
5. Sobre las responsabilidades del Estado
Las guerrillas no son las únicas que ponen el acento en las responsabilidades del Estado y, por esta vía, en las causas políticas del conflicto. Numerosos son los actores de izquierda y las organizaciones de defensa de los derechos humanos que comparten este punto de vista. En este marco se hace referencia a menudo al "terrorismo de Estado". El término parece, como se ha dicho, muy discutible para los años del Frente Nacional, y me parece que simplifica las cosas para el período siguiente.
El hecho de que agentes del Estado, militares, policías o funcionarios civiles estén implicados en gran número de crímenes está fuera de discusión. Los gobiernos, por lo demás, han admitido la responsabilidad del Estado en varios casos y han aceptado las condenas que de allí se derivan. El presidente Juan Manuel Santos ha ido más lejos, recientemente, al reconocer, de manera general, los numerosos crímenes imputables a los agentes del Estado. Los vínculos entre la fuerza pública y los narco paramilitares son una de las manifestaciones más evidentes. Desde un punto de vista jurídico, el levantamiento de una acusación contra el Estado es, pues, inevitable.
Desde un punto de vista histórico, ¿podemos avalar la noción de "terrorismo de Estado"? Si la noción remite a un plan decidido desde arriba, formulado al menos de manera implícita, y puesto en práctica de manera sistemática con el fin de exterminar, no sólo las guerrillas, sino la oposición civil, muchos hechos obligan a matizarla. El régimen colombiano no tiene en ningún momento el aspecto de un régimen totalitario y ni siquiera el de un régimen autoritario comparable a los que han hecho estragos en los países del cono Sur. Como lo prueban los cambios institucionales realizados por la Constituyente de 1991, la adhesión a procedimientos democráticos sigue vigente. Por graves y frecuentes que hayan sido los atentados contra el aparato judicial nunca lo ha han llevado a una subordinación completa con respecto al ejecutivo: las investigaciones y las decisiones de la Corte Suprema de Justicia durante los mandatos de Álvaro Uribe nos ofrecen la prueba, al igual que muchas de las decisiones de la Corte Constitucional, entre ellas la decisión de rechazar la posibilidad de un tercer mandato de Álvaro Uribe. De la misma manera, si bien los crímenes perpetrados por la Fuerza Pública siguen impunes, el hecho de que más de 5.000 de los miembros de esta fuerza sean objeto de investigaciones y, en algunos casos de condenas, entre ellos generales conocidos, aun con un conflicto armado vigente22, muestra una diferencia enorme con lo que ocurrió en los regímenes autoritarios, incluso después del retorno de la democracia.
Lo que caracteriza en muchos sentidos las políticas gubernamentales frente al conflicto armado son los vaivenes propios de cada mandato presidencial. Los intentos de negociación con las guerrillas, acompañados de un cese al fuego al menos parcial, tienen una duración considerable. Algunos fueron coronados con éxito, entre otros, como hemos visto, el caso del M-19 y de un grupo mayoritario del EPL. Es cierto que las negociaciones llevadas a cabo con las FARC y el ELN han chocado con fuertes oposiciones por parte del Ejército o de diversas élites civiles, pero estas oposiciones no son suficientes para explicar los fracasos: las FARC y el ELN han dado la impresión de que quieren mantener sus objetivos de expansión, y, por su lado, los grupos narco paramilitares sacan pretextos de las vacilaciones de los gobiernos para pasar a un nuevo estadio, que presentan como una "lucha antisubversiva."
En el trasfondo se encuentra una característica del Estado colombiano en la larga duración: su autoridad cuestionada y el hecho de que nunca haya logrado detentar un monopolio de la violencia legítima. Como hemos dicho, las regulaciones institucionales sólo habían tenido una validez limitada, la Violencia había acentuado la tendencia a la fragmentación territorial; el acuerdo del Frente Nacional condujo al poder civil a dejar las manos libres a los militares para la defensa del orden público, el auge del narcotráfico precipitó el desmoronamiento normativo, el conflicto armado ratificó el encuadramiento de una parte de la población por los actores armados. En síntesis, el poder del Estado había tenido que acomodarse a una privatización de la violencia.
A pesar de todo, el Estado no es un actor como los otros. Incluso si algunas veces había estado a punto de derrumbarse, en ningún momento se puede considerar un Estado fallido. No obstante, los gobiernos, locales o no locales, han permitido que algunos de sus propios agentes tomen parte en el terror y algunas veces los han estimulado. Ciertamente el terror no es exclusivo de sus acciones pero su responsabilidad está claramente comprometida. Sin embargo, el calificativo de "Estado terrorista" no puede abarcar evidentemente todos los aspectos de las políticas gubernamentales, que más allá de sus vaivenes, siguen operando en una pluralidad de registros, uno de los cuales es precisamente la referencia a procedimientos democráticos.
Durante mucho tiempo a este Estado precario se le ha pedido de todo. No tener capacidad para responder a las demandas ha sido motivo de acusación, incluso cuando los actores armados han intentado bloquear sus iniciativas y sabotear sus realizaciones. Asumiendo el lenguaje de los juristas, en una situación de esta naturaleza la responsabilidad por sus "acciones" es fácil de establecer, pero es más difícil identificar la parte que proviene de sus "omisiones": el pasado y el presente están igualmente comprometidos.
III. La población civil entre varios fuegos
1. Algunos datos
El Grupo de Memoria Histórica y el Registro Único de Víctimas (RUV) ha suministrado datos confiables sobre las diversas categorías de víctimas, pero no es necesario recordarlos aquí. Es suficiente con evocar su número total: cerca de 7 millones (23). La lista de lasatrocidades cometidas comprende masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, secuestros, torturas, violaciones, sin que la lista sea exhaustiva.
Sin embargo, podemos citar los datos sobre los autores de las masacres y de los asesinatos selectivos suministrados por estas fuentes. En las 1982 masacres ocurridas entre 1982 y 1912, con un total de 11.751 víctimas, los autores son, en un 58. 9%, los grupos paramilitares; en un 17. 3%, las guerrillas; en un 14. 8%, grupos no identificados; en un 7.9%, la Fuerza Pública; en un 12%, grupos que comprenden miembros de la fuerza pública y de los paras. En los atentados selectivos ocurridos entre 1981 y 2012, con un total de 22.161 víctimas, sus actores son, en un 34%, paramilitares; en un 27%, autores no identificados; en un 16. 8%, guerrilleros; en un 10. 1% miembros de la fuerza pública; en un 6.15%, desconocidos. De estas cifras se puede concluir claramente que los grupos paramilitares cargan, y de lejos, con la mayor responsabilidad en las masacres y los asesinatos selectivos. Y lo mismo ocurre en el caso de las desapariciones forzadas. En contrapartida, la parte de las guerrillas es muy superior en lo que tiene que ver con los secuestros, los ataques contra las poblaciones y las infraestructuras, la siembra de minas. Otras dos cifras son particularmente impresionantes: los desplazados a la fuerza son seis millones -sólo el Sudán ha conocido desplazamientos de población tan considerables -y la superficie territorial que ha cambiado de manos, o que ha sido abandonada, alcanza cerca de cinco millones de hectáreas. También en este caso el rol de los paramilitares predomina, y por mucho, sobre todo en el segundo ítem (24).
Hay que observar que la "especialización" de los grupos armados en cada categoría de atrocidades es bastante relativa. Todos tienen en común el hecho de que el enfrentamiento se lleva a cabo por población civil interpuesta. El número de combatientes asesinados es ciertamente importante (25), pero las estrategias territoriales pasan sobre todo por el uso de medios contra la población civil, siendo el terror y los desplazamientos forzados los más corrientes. Aunque es cierto que la mayor parte de las guerras, no sólo las guerras civiles, presentan el mayor número de víctimas entre los civiles, en el caso colombiano varias particularidades deben ser resaltadas desde el comienzo.
La mayor parte de las acciones es "selectiva": los protagonistas no tienen proyectos de "depuración" global de una población como en el caso de Bosnia-Herzegovina o de Ruanda, sino que actúan en función de objetivos precisos, tanto políticos como económicos. El perfil social de los combatientes de base de los diversos campos no es muy diferente por lo demás: se reclutan a menudo en regiones diferentes pero provienen de manera similar de los medios sociales más miserables. Algunos tienen carreras sinuosas que los han llevado a vincularse con grupos diferentes. El conflicto armado toca sobre todo ciertas regiones, en lo esencial regiones rurales o periféricas. Es cierto que los atentados selectivos y los secuestros también se presentan en las ciudades y que los jefes narcos han operado durante largo tiempo desde ciudades como Medellín. Las ciudades se deben enfrentar sobre todo con el flujo de refugiados que se traduce en el crecimiento desorbitado de barrios de invasión y de gente sin vivienda, fuentes de múltiples problemas y tensiones. Sin embargo el conflicto armado propiamente dicho se desarrolla ahora más que nunca en las zonas rurales o de importancia estratégica. Esto explica por qué una fracción importante de la población urbana no toma conciencia de la dimensión del drama.
La fragmentación territorial sigue siendo un dato esencial. Lo que ocurre en Chocó o en Nariño es percibido a menudo como si ocurriera en otro país. Las organizaciones armadas no presentan una cohesión sin falla: ciertamente las guerrillas están relativamente centralizadas, pero sus frentes pueden tener comportamientos diferentes, los paramilitares nunca han estado verdaderamente unificados y las Bacrim, menos aún. Todo esto no se reduce a una oposición política entre dos campos. Numerosos hechos de violencia tienen que ver con actores "oportunistas", que no tienen una orientación política, o que la tienen de manera muy accesoria, como la gran delincuencia organizada o los narcos que no se han vinculado con los grupos paramilitares. Otros hechos remiten a la desorganización social, favorecida ciertamente por el conflicto, pero relativamente independiente.
Aunque los paramilitares se siguen presentando como una fuerza contrainsurgente, tienden cada vez más a dar prioridad a la acumulación de capital económico y al acceso a los puestos públicos. Los datos globales están allí a pesar de todo para mostrar que el conflicto tiene efectos aún más devastadores que la Violencia, sobre gran parte del país. No descansa en dinámicas principalmente locales y/o asociadas a las identidades partidistas, sino que combina dinámicas locales con estrategias de envergadura nacional, con pretensiones tanto políticas como económicas.
2. Los civiles en el conflicto
Es conveniente a pesar de todo establecer algunos matices con respecto a la afirmación según la cual los civiles sólo estarían arrastrados por el conflicto en defensa propia. Es cierto que en las zonas de conflicto una parte de los civiles se inclina a simpatizar con un campo o con el otro, bien sea por convicción política, por interés, o por una búsqueda de protección. Inútil volver sobre los núcleos desde hace mucho tiempo socializados en la cultura de guerrilla, o sobre los participantes de movimientos de colonización, a los cuales las guerrillas aportan normas de organización. Por el contrario, no faltan ejemplos de poblaciones civiles que, sintiéndose amenazadas por las guerrillas, se muestran dispuestas a aceptar la tutela de los paramilitares y de los políticos vinculados con ellos (26). Numerosas son también las circunstancias en las cuales prevalece la necesidad de acomodarse al protagonista que controla la localidad, bien sea por precaución o bien sea para garantizar su supervivencia. Sin olvidar que, como en todos los momentos de conmoción, la ocasión puede ser aprovechada para arreglar cuentas personales, vinculándose si es preciso a la causa de alguna de las partes.
Sin embargo no se puede afirmar que la participación deliberada de civiles en el conflicto sea una situación muy frecuente o que, cuando se presenta, tienda a perpetuarse sin dificultad. Todo cambia en efecto desde el momento en que los actores armados entran en una guerra cambiante en la que se disputan territorios sin disponer previamente del apoyo de los habitantes. El uso del temor, incluso del terror, contra la población, se convierte entonces en la regla. Las masacres y los asesinatos acompañan la irrupción de los paramilitares. Las guerrillas responden a veces de la misma manera y, en todo caso, refuerzan la intimidación sobre los habitantes. Unos y otros se enfrentan con los civiles sospechosos de haber entrado en contacto con el adversario. En los municipios que siguen en disputa se establecen fronteras invisibles, a la vez físicas y mentales, cuyo tránsito expone a represalias. Los habitantes no se pueden fiar de ninguno de los protagonistas armados. La experiencia con las guerrillas puede ser particularmente amarga. Durante las masacres cometidas por los paramilitares, los guerrilleros no se preocupan por defender la población que se supone protegen, sino por garantizar su propia seguridad. También ocurre que los habitantes reconocen en un paramilitar a un antiguo guerrillero. El fenómeno de los "sapos" no es anecdótico: en muchos sentidos, es la figura concreta del terror. En un contexto de esta naturaleza, la desconfianza termina por afectar también todas las relaciones sociales ordinarias: cada cual tiene razones para sentir temor de las indiscreciones de los vecinos o de la familia. La ley del silencio que se instala es la manifestación de la dislocación de las solidaridades, ya que cada uno se repliega en la necesidad de sobrevivir.
Los municipios, como escenario de masacres perpetradas por unos y otros, y sometidos a un terror permanente, son abandonados por sus habitantes. San Carlos, municipio de 24.000 habitantes en el oriente antioqueño, es un ejemplo: inicialmente estuvo bajo control de las FARC, un control disputado con el ELN, pero pasó después a la dominación de los paramilitares: 20.000 de sus habitantes se vieron obligados, al menos temporalmente, a buscar refugio en Medellín. El municipio vecino de Granada no ha tenido una suerte más favorable: baluarte del ELN, el centro del poblado fue destruido durante un atentado con carro bomba cometido por las FARC y, poco después, los paramilitares retomaron su control a sangre y fuego.
Sin embargo, los intentos de resistencia colectiva no han faltado. A finales de los años 1990, la Iglesia tomó la iniciativa de las "comunidades de paz" pero estas apenas si han logrado frenar las atrocidades. El programa del "Magdalena medio" es un esfuerzo por asociar desarrollo y pacificación, pero no ha logró impedir los avances paramilitares. Organizaciones de mujeres tratan ahora en muchos lugares de reconstruir los vínculos sociales.
Las poblaciones nasa del Cauca son probablemente las que presentan el ejemplo más espectacular de resistencia colectiva: apoyándose en los derechos que la Constitución de 1991 les reconoció sobre sus territorios, han organizado "sistemas de guardia indígena" no violentos para protegerse de la intrusión de los actores armados. Esto no ha sido obstáculo para las intrusiones de militares y de narco paramilitares, y no menos para las de las FARC. La región ha sido siempre uno de los territorios codiciados por las guerrillas, sobre todo el M-19 y las FARC, no sin enfrentamientos violentos; y más aún desde que se encuentran allí cultivos de coca y "corredores" de tráfico de primera importancia. El problema planteado desborda sin embargo el ámbito de la localización geográfica y tiene que ver con la disposición de la guerrilla para tolerar formas de acción autónomas. Porque no solamente las FARC han multiplicado las críticas contra el CRIC, que reagrupa a la mayor parte de las comunidades indígenas locales, sino que han seguido realizando operaciones y atentados contra estas últimas, incluso hasta el día de hoy. Es como si la idea misma de un movimiento social autónomo les fuera insoportable.
Aquí se encuentra otra consecuencia de la exacerbación del conflicto armado desde 1980. Los movimientos sociales reivindicativos se han vuelto cada vez más escasos. Sin duda las manifestaciones y las huelgas siguen siendo frecuentes en las décadas de 1980 y 1990, pero muchas de ellas tienen por motivo la protesta contra los asesinatos de personalidades o de militantes de las fuerzas de oposición al régimen (27). También es cierto que importantes marchas campesinas tuvieron lugar entre 1988 y 1989 como respuesta a los avances de los paramilitares y que otras marchas se desarrollaron entre 1995 y 1996 en las regiones afectadas por las fumigaciones y los cultivos de coca. Pero raras son las movilizaciones reivindicativas comparables a las de los años 1970 y ningún movimiento de envergadura nacional, como el del 14 de septiembre de 1977, se ha producido -un proyecto de huelga general en 1981 se malogró rápidamente -. La proporción de obreros sindicalizados ha caído al nivel más bajo. Es evidente que la razón principal de este debilitamiento de las acciones reivindicativas es la intervención de los paramilitares y de la fuerza pública: las organizaciones sociales han sido completamente decapitadas. Cualquier tipo de iniciativa puede terminar en una respuesta brutal. Las guerrillas, por su parte, han desconfiado por lo general de las organizaciones sociales cuando éstas han pretendido conservar su autonomía28. Las FARC han contribuido a las marchas campesinas mencionadas anteriormente, pero también han tratado de instrumentalizarlas con el riesgo de hacerlas aparecer como manipuladas y de exponerlas a todas las formas de represión.
Conflicto armado y movimientos sociales, como hemos dicho en la introducción, no se conjugan fácilmente. Pueden existir momentos de concierto pero tienden a separarse cuando el primero toma la delantera. Y la neutralización de los movimientos sociales sirve sobre todo a los objetivos de los narco paramilitares y de sus aliados.
3. Hacia el reforzamiento de las desigualdades
Si bien los avances de los paramilitares responden en una primera fase a una estrategia sobre todo militar, para recuperar el terreno de las guerrillas, en un segundo momento asumen igualmente objetivos económicos y políticos. Los desplazamientos masivos de población les permiten acumular tierras abandonadas por los campesinos o comprarlas a bajo precio a los hacendados cansados de los secuestros y de las extorsiones. Los narcotraficantes blanquean de esta manera sus capitales. Empresarios nacionales y compañías extranjeras se aprovechan de la situación para invertir en plantaciones modernas, como las de Palma, que alcanzan un auge rápido. Grandes compañías multinacionales ya no encuentran obstáculo para desarrollar las actividades mineras puesto que, con el pretexto de la presencia de los guerrilleros, pueden recurrir a los servicios de los paramilitares o de matones para sojuzgar la resistencia de los nativos (29). Los programas de reforma agraria pertenecen más bien al pasado. La concentración de tierras alcanza un nivel sin precedentes en provecho de las grandes extensiones de ganadería o de agricultura capitalista.
Para promover esta transformación económica, los antiguos o los nuevos narcotraficantes se aseguran también de tener el control de los poderes locales. La "para-política" ha constituido, ciertamente, en particular durante los mandatos de Álvaro Uribe, un proyecto de envergadura nacional: los analistas han hecho referencia en este sentido a un proceso de "captura del Estado" (30). Aunque el aparato judicial ha logrado desmantelar algunas de sus expresiones nacionales más espectaculares, sigue siendo incapaz de hacerlo en el plano local, donde la corrupción y las amenazas se siguen presentando. La descentralización no ha hecho más que facilitar allí los medios de presión de los grupos ilegales sobre las administraciones. Las guerrillas intervienen en una escala más modesta, con el pretexto de controlar la gestión de los elegidos; los grupos paramilitares y las Bacrim operan de una manera más sistemática en la medida en que, fortalecidos por su acceso a las instituciones, pueden "oficializar" sus intervenciones, como ocurre en los institutos de seguridad social donde esta "nueva clase" ha asumido la dirección en los departamentos de la Costa Atlántica.
Lejos de atenuarse, el contexto de desigualdad evocado al comienzo de este informe no ha hecho más que agravarse, tanto en las regiones rurales como en las ciudades. ¿Es ésta la razón por la cual el conflicto armado continúa? De hecho, en los departamentos más pobres el conflicto sigue mostrando las características más agudas: Chocó, Nariño, Cauca y muchos otros. Sin embargo estos departamentos no tienen todos un pasado de luchas agrarias. A este respecto, el ejemplo más notable es el de Nariño, departamento con una abundante proporción de pequeños propietarios campesinos, donde no hubo violencia durante largo tiempo. Más que las antiguas desigualdades, cuentan las nuevas, que están ligadas muchas veces a la caída coyuntural de los precios, como en las zonas cafeteras en los años 1980 -las tasas de homicidio han aumentado y todos los grupos armados han hecho irrupción allí- o como en las zonas de cultivos y edificios donde los pequeños campesinos no han podido hacer frente a la apertura económica. Pero si bien las desigualdades y la pobreza favorecen a menudo una desorganización social propicia a la violencia, como se constata en las ciudades, está desorganización no conduce necesariamente al conflicto armado. Es necesario subrayarlo una vez más: los cálculos estratégicos de los actores armados son los que deciden finalmente la conversión de zonas fronterizas o de zonas mineras en lugares centrales de enfrentamiento. La exacerbación de las desigualdades es tarde que temprano la consecuencia, y los beneficiarios son las élites de siempre o los nuevos ricos.
Además de las posiciones de poder político y económico adquiridas por estas dos categorías, también se aprovechan del rechazo creciente de la opinión contra las guerrillas. La retórica de Álvaro Uribe y la influencia de los medios no son los únicos factores. Aunque los paramilitares y sus aliados están mucho más implicados en los crímenes de guerra, el cansancio de la población con respecto al conflicto armado se ha expresado sobre todo en denuncias contra las acciones de las FARC y del ELN. Los crímenes de los paramilitares han afectado sobre todo las regiones rurales y, como hemos visto, no siempre han despertado la indignación; los secuestros y las exacciones de los segundos han dejado la sensación de que eso concierne potencialmente a todo el mundo y han despertado una cólera que se ha traducido en diversas manifestaciones masivas. Las guerrillas ponen en primer plano los objetivos políticos y esto se presta a un rechazo claro; los paramilitares, una vez desmovilizados, pueden ser considerados como simples delincuentes, y una cierta indulgencia les puede ser otorgada.
El cambio de actitud es perceptible hasta en las zonas controladas durante mucho tiempo por las guerrillas. Durante las elecciones legislativas y presidenciales de 2014 fueron numerosos los municipios que, aún haciendo parte de sus feudos, votaron en favor de la orientación "uribista". Muchos testimonios sugieren igualmente que en los municipios disputados durante años por guerrillas y paramilitares, los habitantes manifiestan un rencor aún mayor con respecto a las primeras. Todos estos son signos del proceso de derechización de la sociedad como consecuencia de décadas de conflicto. Las guerrillas han perdido la correlación de fuerzas políticas mucho más que la correlación de fuerzas militares. Una prueba, y no la menor, es el escepticismo de la opinión frente a las negociaciones de La Habana.
Conclusión
En este informe el acento ha sido puesto en las discontinuidades: discontinuidades entre los conflictos agrarios de los años 1930 y la Violencia, discontinuidades entre las guerrillas de los años 1960 y las guerrillas de los años 1980.
Si existe continuidad, ésta tiene que ver sobre todo con el contexto institucional. La precariedad del Estado, la debilidad de las regulaciones sociales, la fragmentación de las redes territoriales se mantienen a todo lo largo de estas décadas. El auge del narcotráfico sin embargo ha jugado un papel esencial en el deterioro institucional, ya que constituye el contexto en el cual un conflicto armado, particularmente más complejo e intenso, toma el relevo de los antiguos fenómenos de violencia. El desafío tiene que ver ahora también con el manejo de los recursos mineros, es decir, con la capacidad del Estado de ejercer su soberanía sobre las nuevas periferias.
La paradoja consiste en que este conflicto armado, al igual que la Violencia, ha terminado por acentuar finalmente las desigualdades sociales y políticas. Como le hemos comprobado, son varias las oportunidades históricas en las cuales ni el Partido Comunista ni las guerrillas lograron capitalizar las movilizaciones de masas a pesar de siempre estar soñando con el sublevamiento de estas masas. Al cerrar el espacio de los movimientos sociales el conflicto ha favorecido una agravación de las injusticias. Pero no sólo esto: también ha contribuido a quitarle a la población rural el sentido de tener derechos, o sea de ser ciudadanos. Los mismos sectores de izquierda, a pesar de su peso relativo en algunas ciudades, no han logrado influir mucho sobre los acontecimientos debido a sus divisiones, en parte relacionadas con su actitud frente a la lucha armada.
Sobre este punto se puede establecer al menos un paralelo con la Violencia: el resultado de ambos fenómenos es un regreso a un statu quo social. En este sentido los dos episodios, a pesar de sus diferencias, pueden aparecer como "funcionales" con relación a la consolidación del poder de las clases dominantes, antiguas y nuevas.
El temor experimentado por numerosos sectores con respecto a un acuerdo de paz proviene en muchos sentidos de que presienten que este tipo de acuerdo dejará el campo libre a reivindicaciones sociales y políticas, que no habían podido expresarse hasta ahora. La deuda en el campo social es inmensa y afecta tanto al mundo rural como al mundo urbano: no se refiere sólo a los perjuicios que resultan del conflicto, sino a problemas no resueltos desde hace cerca de un siglo. Si el conflicto armado llega a un final, Colombia se vería confrontada a desafíos que exigirían una voluntad política mucho más constante y compartida, que la manifestada hasta ahora para hacer frente al conflicto de los últimos años. Ya no se puede apelar a una formula del tipo “Frente Nacional”. Se impone una democratización que ponga fin a las redes de poder clientelistas o armadas de las ultimas décadas.
Notas
1 Traducción Alberto Valencia Gutiérrez, profesor Universidad del Valle, Cali.
(2) En 2002, 0.4% de las propiedades de más de 500 ha ocupan 46.5% de las tierras mientras que 67.6% de las propiedades con menos de 5 ha ocupan el 4.2% (Cf. Juan Camilo Restrepo y Andrés Bernal Morales, La cuestión agraria. Tierra y posconflicto en Colombia, Bogotá, Penguin Random House, 2014).
(3) Cf. las diversas obras de Alfredo Molano.
(4) Cf. Juan Camilo Restrepo y Andrés Bernal Morales, ibíd. Es conveniente observar que esto afecta, incluso, zonas como las del café, donde los títulos pudieron haber existido al principio, pero las divisiones entre los herederos han tenido como consecuencia la pérdida de su validez.
(5) Marco Palacios lo ha mostrado muy bien para los años 1930 en el libro De quien es la tierra? Propiedad, politización y protesta campesina en la década de 1930, Bogotá, Universidad de los Andes, 2012.
(6) Sobre la fragmentación de los poderes, la cuestión del Estado y los fenómenos de violencia, cf. Fernán González González, Poder y violencia en Colombia, Bogotá, ODECOFI-CINEP, 2014.
(7) Los salarios más bien disminuyeron durante el período de los gobiernos liberales.
(8) Cf. En particular las observaciones de Malcolm Deas a este propósito en Intercambios violentos, Bogotá,Taurus, 1999.
(9) Las cifras son tomadas del libro de Paul Oquist, Violencia, conflicto y política en Colombia, Bogotá, Banco Popular, 1978.
(10) « La violencia y los cambios sociales », Pensamiento critico, n°1, febrero de 1967.
(11) Francisco Gutiérrez, ¿Lo que el viento se llevó? Los partidos políticos y la democracia en Colombia (1958- 2002), Bogotá, Norma, 2007.
(12) Patricia Pinzón de Lewin, Pueblos, regiones y partidos, Bogotá, CEREC, 1989.
(13) Contrariamente a la Iglesia brasileña y a la de otros países, la Iglesia no favorece la creación de
"comunidades de base", que harían posible el mantenimiento de la relación con las clases populares.
(14) En las corrientes de izquierda la contraposición entre los que participan en las elecciones, como el Partido Comunista, y los abstencionistas, es muy virulenta.
(15) CF. León Zamosc, "Luchas campesinas en Colombia", Análisis político, No. 15, Bogotá, 1992.
(16) La expresión "colonización armada" es utilizada a menudo para evocar los desplazamientos que se producen en el marco de las FARC en sus comienzos.
(17) El número de huelgas alcanza su punto más alto en 1975, con 246. Cae a menos de 70 a finales de los años 1970 bajo el efecto de la represión. Si vuelve a subir durante el período de Belisario Betancur (168 en 1985),eso se debe sobre todo a las protestas contra la violencia en nombre del "derecho a la vida".
(18) Cf. el volumen publicado por la CNMH y el IEPRI Guerrilla y población civil. Trayectoria de las FARC 1949 -2013, Bogotá, 2013, p. 256: en Caquetá "entre 1985 y 2005, el Partido Liberal tuvo tres veces más víctimas que la UP". De Mario Aguilera Peña se puede leer también Contrapoder y justicia guerrillera. Fragmentación política y orden insurgente en Colombia (1952 -2003), Bogotá, IEPRI, 2014.
(19) La referencia « bolivariana » constituye un intento de elaborar un lenguaje nacionalista.
(20) Esto no es una novedad. Ya en el pasado, habían reclutado niños de menos de 10 años en sus campamentos.
(21) la Ley de Justicia y Paz, que preside esta desmovilización, establece penas de seis a ocho años de prisión,incluso para los dirigentes que reconocieron haber cometido centenares de asesinatos. En 2008, los "falsos positivos", estalla en 2008 cuando se descubre que militares, para presentar
mejores resultados, mataron a centenares de marginales sociales haciéndolos pasar por guerrilleros.
(22) Según un reporte de la Fiscalía, publicado en noviembre de 2014, la cifra exacta de miembros de la fuerza pública sometida a investigación es de 5.749. De 2002 a 2014, 817 han sido condenados.
(23) La noción de víctima fue definida por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
(24) Un estudio reciente de la Fundación Acción Social sugiere que la responsabilidad de las guerrillas en los desplazamientos forzados, al menos en ciertas fases, es igual o superior a la de los grupos paramilitares.
(25) El número de los asesinados de la fuerza pública evoluciona de 699 en 2002 a 488 en 2011 (con un pico de 717 en 2005); el de los guerrilleros dados de baja oscila entre 1.114 en 2022 y 507 en 2011 con picos entre 2005, 2006 y 2007 de 1.487, 1.789 y 1.648 respectivamente. Hay que observar que las minas antipersonales han hecho 2.200 muertos entre 2004 y 2014 (50% civiles y 50% miembros de la fuerza pública).
(26) Bien parece que las protestas de los habitantes del Magdalena Medio contra el proyecto de Pastrana de ofrecer una zona de despeje al ELN no fue solamente el efecto de una manipulación.
27 Cf. Luis Alberto Restrepo, "Movimientos cívicos en la década de los 80", en Francisco Leal Buitrago y León Zamosc (editores), Al filo del caos, Bogotá, IEPRI, 1990.
(28) Diversas obras publicadas por el Grupo de Memoria Histórica suministran ejemplos de estas situaciones como ocurre con El orden desarmado, consagrado a la resistencia de la sociedad de los trabajadores del Carare (ATCC).
(29) Sobre los enfrentamientos en las regiones mineras, sobre todo en el Chocó, se puede consultar el informe de Frederic Massé "Actores ilegales y sector extractivo en Colombia", CIT Pax, Colombia, 2012.
(30) Numerosas obras han sido consagradas a este tema. Entre las más recientes, nos remitimos al libro editado por Claudia López Hernández, Y refundaron la patria… De cómo mafiosos y políticos configuraron el Estado colombiano, Bogotá, Corporación Nuevo Iris, 2010.
