Por Paola CadavidDirectora de Restitución de Tierras, Antioquia
Martín Quiceno* se levanta todas las mañanas enfocado en la producción diaria que debe dar su trapiche, ensayando diversas fórmulas para que la panela sea más gustosa como el mismo lo dice. Ya le tiene ese ‘puntico’ exacto entre sabor y textura, al igual que en rendimiento; y como lo afirma Martín, hasta ha superado ingenieros que le han tratado de dar cátedra, pero ni sus años de universidad igualan la experiencia de este campesino de Granada, Antioquia.
Martín es orgulloso de su origen y de su presente. Tiene ese pundonor que solo da ser autosuficiente cuando se generan ingresos. Le gusta su oficio, lo hace con sentido de pertenencia. Para él, ser panelero es tan importante como ser médico o maestro.
Y precisamente esto es lo que ha comprendido la política pública de Restitución de Tierras, que busca devolver en condiciones mejoradas lo que a sangre y fuego le quitaron a los campesinos colombianos, como le sucedió a Martín, quien en 1998 tuvo que salir de su pequeña finca de 6.300 metros cuadrados, por todos los hostigamientos que debió soportar en medio de una confusa disputa territorial entre paramilitares del Bloque Héroes de Granada y guerrilleros de las Farc. Los años de abandono le pasaron la factura al predio: maleza y rastrojo consumieron su pequeña molienda de caña y ni que decir de la casa.
Esta no es una historia aislada. Se repite una y otra vez como un patrón definido, pues la guerra no solo despatrimonializa a las víctimas, les arrebata su rol social y su identidad, como en el caso de Martín que dejó de ser el panelero de la vereda, para convertirse en un habitante más de Medellín.
En las sentencias de Restitución de Tierras, los jueces dictan en promedio 26 órdenes, de las cuales entre cinco y seis, están dirigidas a temas prediales. Y esto tiene un sentido, no se trata solo de entregar la tierra ‘pelada’, hay que garantizar el retorno, el arraigo y por encima de todo, la integridad de los campesinos.
La Unidad de Restitución de Tierras no ha sido inferior a este compromiso. Tan solo en el departamento de Antioquia se han invertido cerca de 5.000 millones de pesos en proyectos productivos para los reclamantes de 213 sentencias que han restituido 531 derechos. Un gran porcentaje de estos ya devengan un sustento de lo producido en sus predios y tienen garantizada su seguridad alimentaria, como Martín, quien cuenta con fallo a su favor desde mayo de 2014.
Restituir significa devolver las cosas al estado anterior en que se encontraban, pero en Colombia no se puede hacer así. La mayoría de los solicitantes de restitución de tierras vivían en condiciones precarias antes del hecho violento y no se les puede seguir condenando a la miseria simplemente porque ya vivían de esa manera.
Esto los revictimiza y los vuelve más vulnerables a nuevas agresiones. Las medidas de complementarias de la restitución de tierras como la vivienda, la generación de ingresos, la accesibilidad y la seguridad entre otras, son también garantías de no repetición; y en ese sentido se tienen que comprender e implementar por parte de las entidades responsables.
Martín quiere exportar su panela a Europa, aprovechando el boom de los alimentos orgánicos. Esto ni lo hubiera pensado antes. Pero el sabe que ahora cuenta con la asistencia técnica de la Unidad de Restitución para explorar la posibilidad.
También es consciente que le han devuelto su finca, e incluso con escritura; pero más allá de un simple papel o de un pedazo de tierra, el siente que le han restituido la dignidad.
*Nombre cambiado
Contexto
Así va la restitución de tierras en Antioquia
En el departamento hay 17.773 solicitudes, de las cuales, han restituido 531.
En medio de cultivos ilícitos, terrenos minados y grupos armados, en Antioquia –uno de los departamentos con más abandono y despojo de predios del país– avanza la restitución de tierras.
A escasos 10 días de cumplirse cinco años de la sanción de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, (Ley 1448 de 2011), en el departamento hay 17.773 solicitudes, de las cuales, han restituido 531 y 2.151 están en trámite.
Sin embargo, más allá de las cifras, explicó Paola Cadavid, directora de la Unidad de Restitución de Tierras de Antioquia, lo importante es que el proceso avanza en regiones muy complejas que históricamente no tenían presencia del Estado.
Por ejemplo, explicó Cadavid, al corregimiento Belén de Bajirá– del municipio de Mutatá (Urabá)– hoy están llegando los jueces, cuando en los años 80 hubo una hegemonía de las Farc y en los 90, entraron los paramilitares a despojar a casi todos los pobladores.
Igualmente, dijo que en los municipios de Granada y San Carlos, (oriente), aunque había más presencia institucional, hacía falta la formalización de tierras, para que haya garantías de no repetición. “Si una familia no tiene su título formalizado lo vuelven a despojar”, recalcó.
En otros municipios, como Montebello (suroeste), uno de los más despojados, no quedan solicitudes de restitución pendientes, las 400 que se tramitaron fueron aceptadas.
En Antioquia hubo tres zonas con altas cifras de abandono y despojo. En el oriente, explicó Cadavid, la confrontación entre grupos armados obligó a los campesinos a salir, y muchos volvieron sin la necesidad de un juez.
En Urabá, donde los despojadores fueron los paramilitares, hay avance, según la directora, pese a la complejidad del orden público y a los intentos de saboteo de restitución de algunos grupos armados.
Pero quizá la zona más compleja en reparar es el Bajo Cauca, donde hay minería ilegal y bandas criminales, que hacen que el proceso se dificulte.
La unidad adelanta cuatro casos de caracterización a comunidades indígenas, que restablecerán 6.725 hectáreas y beneficiará a 261 familias.
Igualmente, realiza otras cuatro caracterizaciones con comunidades afro que resstablecerá a 176.479 hectáreas y favorecerá a más 1.000 familias.
En el Registró de Tierras Despojadas y/o Abandonadas Forzosamente (RTDAF) hay 2.718 solicitudes y 592 no fueron incluidas.
Gerardo Vega director de la Fundación Forjando Futuros, dijo que la Ley 1448 es buena, pero que el Gobierno ha fracasado en su implementación porque ha sido débil frente a los testaferros y los despojadores.
Según, él la restitución avanza solo en las zonas donde hubo abandono, pero no en las que hubo despojo.
De acuerdo con las cifras, en el país hay 90.395 solicitudes, de las cuales, se han negado 17.773. “Actúan rápidamente para devolver solicitudes, negar el derecho y solo han logrado restituir 3.623 casos en el país”, precisó Vega.
Por ello, aseguró que el Gobierno tiene que cambiar la implementación, tal y como lo dijo la Corte Constitucional, que le ordenó al Gobierno que elabore un plan estratégico para que la restitución sea rápida y que las víctimas no esperen eternamente la devolución de su tierra.
“El Gobierno no ha presentado ese plan. Lo que debe hacer para agilizar los trámites restituir de manera colectiva, a los campesinos que tienen predios colindantes, que los despojó el mismo victimario y en la misma época.
Por otro lado, explicó Vega, el Gobierno debe adelantar la política de desvertebrar las bandas criminales. En el país, van 74 asesinatos en medio de la restitución, de esas 17 son del Urabá antioqueño, pero del total de homicidio solo hay dos capturas.
El director de la Fundación explicó que a eso se le suma, que los costos en la implementación de esa política, es de un billón de pesos, pero las tierras devueltas no sobrepasan los 300.000 millones de pesos.
“En cinco años, en Antioquia solo han devuelto el dos por ciento de las tierras y el mayor número de casos resueltos está en el oriente, donde la gente lo que hizo fue abandonar sus predios, pero el Nordeste, Bajo Cauca y Urabá, donde hay testaferros y despojadores, el proceso no avanza”, advirtió.
Igualmente, aseguró que otra de las críticas es que en Medellín no han devuelto una sola casa despojada por la vía administrativa.
Otra de las dificultades es la violencia o sabotaje de parte de grupos armados al retorno.
“Las alcaldías y la Policía deben hacer una acción más fuerte para esas familias, porque hay envenenamiento de cultivo, matanza de animales y agresiones físicas. En Urabá fundamentalmente”, contó Vega.
“Mientras en el oriente, el 56 por ciento de los restituidos han recibido vivienda, en el Urabá no hay una sola”, agregó el defensor.
Según cifras de Forjando Futuro, el 73 por ciento de las personas beneficiadas de los fallos de restitución, ha retornado y el 74 por ciento tiene proyectos productivos.
En Antioquia, la Unidad de Restitución ha invertido 5.787 millones de pesos en esos proyectos. Eso para Vera si es un avance.
Tomado de pwriódico Eltiempo junio 2 de 2016
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