Por
Mauricio Castaño H
Historiador
La Explotación de la tierra en Colombia está ligada a la ilegalidad. En el presente existen 22 millones de hectáreas mineras, y vienen otras 20 más en 17 mil solicitudes de títulos, el equivalente al espacio en el que vive la población colombiana. La demanda viene estimulada por lo irrisorio de la tributación, además de la corruptela que asiste al débil Estado que beneficia a los criminales. La referencia viene de un estudio del Banco Mundial, en cabeza de una de las autoridades en la materia como lo es el investigador colombiano Jorge Garay.
En entrevista concedida a El Espectador, devela lo negativo del modelo extractivista de la tierra en el país, pues la frágil regulación en lo tributario, ambiental y laboral, desconoce derechos fundamentales, al punto tendencial de existir zonas de desgobierno en el sector minero, a diferencia del de hidrocarburos en donde el Estado no renunció nunca a tener su participación. El ejemplo emblemático es el sector petrolero con la sólida marca Ecopetrol, allí además de la tecnología de punta, los que pujan por el negocio son los pulpos más poderosos, quedando el mejor postor. A la inversa se procede con la minería, hay una cláusula del Código Minero que obra de manera irracional con un recurso no renovable cuyo principio orientador es “primero en tiempo, primero en derecho,” con la anotación de la no presencia verdadera del Estado en el territorio nacional.
En otras palabras esta tierra en la que vivimos, en la que habitamos, nuestro hogar, nuestra Pacha Mama, la estamos entregando al maltrato más desmedido por el vulgar negocio, refrendando ese motor de guerra en el cual está sumergido el país en la lucha por el dominio de la tierra desde sus inicios como república por allá en los dos siglos pasados del XIX y XX, luchas etiquetada como guerras civiles, actualmente se apodan Ejércitos Antirrestitución y Parainstitucionalidad. Efectos más visibles son las intimidaciones, violencia y asesinatos a los reclamantes de tierras, desde el año 2005 van asesinados 62 reclamantes de tierras. Prueba grave es también la relación entre las solicitudes de licencia minera y el desplazamiento forzado tradicional, el abandono y despojo de tierras. Donde hay grandes intereses mineros, la violencia es alta, donde hay gran riqueza, el Estado no tiene Legitimidad, es suplantado por los grupos violentos que no respetan para nada la vida de los pobladores. Estado débil, criminales mercaderes fuertes que permean la industria, la política, la justicia y la sociedad. Guerra por los recursos naturales.
El apetito por el mercado de la guerra es mucho más atractivo, cuando sus flujos son internacionales, el mundo Macrocriminal. El ejemplo dado es con “el coltán, un material muy útil en la producción de los celulares y cierto tipo de industria, especialmente demandado en China, país que sirve de receptor de capitales y que vuelven, en el caso de México, convertidos en insumos para la producción de drogas sintéticas. Y se ha encontrado en el caso que estudiamos en México, que China sirve como receptor de capitales: recibe el coltán, se lava el dinero y a su vez de China se traen, insumos para la producción de drogas sintéticas. Esa triangulación con ciertos países donde no hay un estricto control al lavado de dinero y otros movimientos hace que la explotación de minerales y el oro por naturaleza excelente, hace que sea el más apetecible para la ilegalidad.”
Este marco de ilegalidad, de violencia en el que se desarrolla gran parte de la economía en el país, es el combustible que aviva la guerra, que la mantiene vigente, y aún más, es ya una forma de vida para la sociedad, atraída por el dinero fácil. El Estado colombiano tendrá que ponerse serio en frenar su desgobierno, tanto en la tributación de la explotación de la tierra como en la legislación, pues al día de hoy la criminalidad nada como pez en el agua, dejando, claro está, su estela de sangre.
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