Santiago Martinez HernandezEn total fueron $495.000 millones los que perdieron los inversionistas, una cifra casi imposible de recuperar. Además, El Espectador conoció un documento de 2010 en el que se alertaba sobre las movidas de Estraval.
César Mondragón, uno de los dueños de Estraval. / Archivo
Fueron 4.604 personas las que se presentaron como víctimas de Estraval, la denominada pirámide que se construyó sobre la base de pagarés de libranzas falsos y que prometía rendimientos en tasas de interés que superaban las capacidades del rey Midas. Según la Fiscalía, a un inversionista le prometían hasta 22 % de ganancias por los intereses, cifras que triplicaban lo que podían conseguir en el sistema bancario tradicional. Por eso las autoridades no dudaron en calificar que el negocio de Estraval era un mercado a la sombra en el que, a hoy, hay más $495.000 millones perdidos.
El liquidador Luis Fernando Alvarado entregó hace más de una semana las listas de las víctimas que fueron aceptadas y que buscan recuperar sus inversiones. Fueron 4.602 reclamaciones las que se presentaron, de las que más del 90 % fueron aceptadas. Desde altos mandos oficiales, prestigiosos abogados, comunidades religiosas, hasta bancos, inmobiliarias, contratistas del Estado y cadenas de productos de supermercados cayeron en la presunta red de estafa que montaron César Fernando Mondragón Vásquez y Juan Carlos Bastidas Alemán junto a otras personas que hoy están en prisión.
Entre los nombres más curiosos de los miles de víctimas que invirtieron en la compra de pagarés de libranza entre 2012 y 2016 está el excomandante del Ejército, general (r) Mario Montoya Uribe, el mismo que es investigado por promover ejecuciones extrajudiciales. Montoya invirtió, junto a su esposa María Eugenia Princesa Vaca Díez, $733 millones desde octubre de 2014. Estraval alcanzó a devolverles $476 millones. Sin embargo, aún les faltan alrededor $256 millones.
Como el general (r) Montoya, también perdieron plata el Convento de Santo Domingo en Bogotá, que invirtió $1.000 millones; Hermanas Franciscanas del Espíritu Santo, que compraron créditos de libranzas por un valor de $416 millones, y las Hermanas Misioneras de Santa Teresita del Niño Jesús, la menos afectadas, pues solo arriesgaron $21 millones. Otro de los que perdieron fue el Colegio Lacordaire de Cali, que tiene embolatados $167 millones. Y la comunidad religiosa que más recursos tiene comprometidos es la Iglesia Cristiana Centro de Fe y Esperanza, con $3.302 millones.
Pero el mayor afectado por este negocio fue el Fideicomiso BBVA, con $45.899 millones. En la lista le sigue el Fondo de Empleados de Carulla (Foncarulla), que invirtió $2.474 millones. Fuentes consultadas explicaron que el liquidador está buscando la forma de recuperar la mayor cantidad de activos, pues lo que se tiene hasta el momento dista mucho de la inversión de las víctimas.
Si bien ya se tienen embargadas las oficinas de Estraval y un lote importante para asegurar la reparación, aún falta realizar gestiones para recuperar la plata que intentaron ocultar los cerebros de este desfalco días antes de que sus empresas fueran intervenidas y ellos capturados. Algunos recursos se usaron para comprar inmuebles en el exterior –como lo señaló la Fiscalía– o para adquirir acciones en Colombia. Detrás de esos negocios ya está el liquidador Alvarado.
¿Y el Banco Agrario?
Una de las grandes curiosidades que halló El Espectador al revisar las bases de datos de las víctimas de Estraval es que el Banco Agrario no aparecía en el registro. Fuentes consultadas explicaron que los abogados del Banco Agrario se presentaron como acreedores de Estraval, es decir, como una empresa que le prestó plata y no que invirtió. Lo que los dejaría en el último lugar de la cadena para recuperar los recursos, porque los afectados (las víctimas) irían primero. Sin embargo, explicaron que aún están a tiempo para presentar un recurso y lograr que sean tenidos en cuenta como parte de los inversionistas a quienes les captaron sus recursos.
El Banco Agrario invirtió desde junio de 2014 alrededor de $15.000 millones cuando compró 5.097 pagarés libranza. Eso representa en su portafolio de Banca de Personas el 0,8 %, en la cartera total el 0,11 % y en los activos el 0,07 %. Como se diría coloquialmente, en sus cuentas eso es lo de los dulces. En varias comunicaciones el Banco Agrario ha sostenido que su objetivo principal es recuperar los activos y que estaba a la espera del pronunciamiento de Supersociedades sobre quiénes fueron reconocidos como víctimas.
Alertas desde 2010
El Espectador conoció en exclusiva un documento de la justicia de Panamá de 2010 en el que ya se alertaba que empleados del Grupo Estraval estaban sacando en efectivo plata desde Colombia. El 27 de mayo de ese año fueron capturados Jorge Enrique Pardo Rodríguez y Alexánder Gutiérrez Serna en el aeropuerto de Tocumen, en Ciudad de Panamá. Les encontraron US$950.000 y $350.000 euros en efectivo y las autoridades panameñas indicaron que se trataba de un procedimiento que escapaba de la “práctica mercantil y bancaria” y era una manera sospechosa de transportar divisas.
Según el documento de la Fiscalía de Panamá, Jorge Pardo explicó que él era un empleado de la empresa de transporte de valores Taval S.A. y que estaba autorizado por la Superintendencia de Bancos de Panamá para realizar esas labores. A su vez, Alexánder Gutiérrez dijo ser funcionario de Estraval y que su rol era custodiar a Pardo y el dinero.
Las autoridades del vecino país precisaron que, si bien el traslado de dinero fue de forma legítima y no se violó ninguna norma, no se debía perder de vista que se trataba de una “modalidad de transporte de dividas que, por su forma y condiciones poco seguras y sospechosas de traslado de dinero, ajena a la práctica mercantil y bancaria, vislumbra la comisión de un delito”. Y argumentaron que, desde noviembre de 2009, Pardo realizó más de diez viajes a Panamá en representación de Teval S.A. –que pertenecía al Grupo Estraval– e ingresó al país un poco más de US$10 millones y $3,5 millones de euros. A hoy, eso representaría más de $40.000 millones. Agregaron que nunca se acreditó la procedencia del dinero.
Para Panamá, la forma en que se transportó el dinero era una figura novedosa e inusual, que generaba dudas y sospechas, pues existían herramientas tecnológicas bancarias que evitaban los riesgos de llevar efectivo. Además, que no entendían la razón de llevar el dinero en físico hasta Panamá para luego girarla a un banco en Nueva York (Estados Unidos). “Vemos cómo se da el movimiento de dinero, inicialmente en dólares y euros desde Colombia hacia panamá, para luego remitirlos a Nueva York, utilizando los entes financieros o bancarios en nuestro país y transferirlos a otras latitudes con la finalidad de ocultar su origen”, concluyó la Fiscalía panameña en el documento fechado el 27 de agosto de 2010.
Esta alerta emitida por las autoridades de Panamá no deja de llamar la atención, pues ocurrió en pleno auge de Estraval y su negocio de compraventa de libranzas. Además, se hizo seis años antes de que la Supersociedades descubriera que se estaban captando dineros. Hoy, no solo se convirtió en un nuevo caso de pirámides financieras, sino que dejó pérdidas por casi medio billón de pesos que son prácticamente imposibles de recuperar. Una tragedia que, de tener controles más severos y efectivos en el oscuro mundo de las libranzas, se pudo haber prevenido.
Tomado del periódico: El Espectador, 16 Feb 2017
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